Los partidos amplían poder al Ejecutivo para ascender a funcionarios ‘a dedo’
Podemos, PNV y Grupo Plural proponen subir el tiempo de seis meses a un año
Las enmiendas al Proyecto de Ley de Función Pública por parte de varios grupos parlamentarios del Congreso buscan incrementar de seis meses a un año el tiempo para que el Gobierno pueda modificar a dedo cuerpos y escalas de funcionarios, lo que incluye los respectivos ascensos que considere oportunos. Concretamente, los socios del Ejecutivo Unidas Podemos proponen en las enmiendas el cambio a doce meses desde que entre en vigor la norma; al igual que lo hace PNV y también el Grupo Parlamentario Plural. Solo Ciudadanos y Vox plantean eliminar esta disposición adicional séptima del proyecto de ley que permite al Ejecutivo modificar cuerpos según considere.
Los argumentos esgrimidos por los tres partidos que apoyan ampliar el plazo pasan por tener en cuenta que “buena parte de los primeros seis meses se agotarán con el transcurso de un gobierno en funciones hasta la constitución del nuevo Gobierno que se constituya tras las elecciones generales” y mejorar la técnica legislativa.
Críticas de los Inspectores
El Proyecto de Ley de Función Pública, aprobado el 16 de marzo en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, está ahora en el Congreso para su tramitación parlamentaria. Precisamente, uno de los puntos más polémicos de esta norma es la potestad que se arroga el Gobierno para cambiar a funcionarios a su antojo. De hecho, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), organización más crítica con este punto, ha remitido en los últimos meses a los distintos grupos parlamentarios observaciones en las que reclaman la eliminación de esta disposición en la norma, ya que la consideran una “atribución competencial exorbitante”. “Se acompaña de una redacción tan confusa y ambigua, lo que la hace potencialmente peligrosa y abierta a la discrecionalidad”, advierten y añaden que esta habilitación haría que el Gobierno, durante ese plazo que ahora se quiere ampliar, tuviera el mismo poder legislativo de las Cortes para hacer y deshacer lo que quiera en grupos de clasificación de funcionarios.
Entre el resto de enmiendas presentadas, destacan la de limitar la jornada semanal de los funcionarios a 35 horas, propuesta planteada por Ciudadanos, Unidas Podemos y Grupo Parlamentario Plural. La norma también ha sido especialmente criticada por los sindicatos porque no desarrolla de forma suficiente la opción del teletrabajo, ya que no se marca como un derecho, será voluntario, temporal y reversible. A este respecto, los partidos no plantean enmiendas sustantivas más que asegurar que si determinados funcionarios pueden teletrabajar, la regulación de esta modalidad pase por la negociación sindical.
Por otro lado, las enmiendas también buscan mantener al funcionario en su puesto a pesar de que se demuestre, tras una evaluación del desempeño, un bajo rendimiento. Así, Unidas Podemos plantea que no se pueda cambiar al trabajador de puesto pese a una negativa evaluación y que se cree una Comisión de Valoración de la Evaluación del Desempeño que cuente con la participación de la Administración y los sindicatos. Finalmente, Podemos busca volver a la norma anterior y permitir que la excedencia voluntaria tenga una duración mínima de un año (en vez de dos) y máxima de 15 años, en vez de diez.
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