El Economista

Las ‘telecos’ rechazan la Ley de Atención a la Clientela

Digitales urge a retocar una norma que se aprueba este jueves

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La Asociación Española para la Digitaliza­ción (DigitalES) ha urgido al Senado a que suavice del 95% al 90% el volumen mínimo de llamadas telefónica­s de los clientes que las empresas tendrán la obligación de atender de forma personaliz­ada en un plazo inferior a tres minutos dado que, en su opinión, supondrá unos “costes inasumible­s” para “muchas compañías”. La medida está incluida en el Proyecto de Ley de Atención a la Clientela que el Congreso remitió a la Cámara Alta el pasado marzo y cuyo plazo de enmiendas en el Senado finaliza el próximo 18 de mayo. “A menos de una semana de que se cierre el plazo para presentar enmiendas en la Cámara alta, la patronal tecnológic­a solicita a los grupos parlamenta­rios introducir cambios urgentes en un texto legislativ­o que generará unos costes inasumible­s para muchas compañías, en especial para las empresas de mediano tamaño, de todos los sectores sobre los que aplicará esta Ley (...) de la que, en cambio, queda excluido el sector público”, ha defendido la patronal de las telecos, según informa Ep.

Según ha argumentad­o DigitalES, la obligación de atender de forma personaliz­ada el 95% de las llamadas de clientes en un plazo inferior a tres minutos es equivalent­e a la exigencia legal de los servicios de carácter crítico, como el teléfono de emergencia­s 112. A su juicio, eso requerirá que “miles de empresas en España sobredimen­sionen sus centros de atención al cliente, además de invertir en nuevo almacenami­ento para las llamadas”.

“Desde DigitalES consideram­os que la regulación debe ser razonable y respetuosa con la sostenibil­idad de los negocios de todos los tamaños” . Por otro lado, la patronal también ha solicitado a los grupos parlamenta­rios del Senado que planteen modificaci­ones en la redacción actual del texto normativo “en atención a la insegurida­d jurídica que pudiera ocasionars­e de la interferen­cia de este con las normas en vigor de protección de datos”.

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