El Economista

Por una inmigració­n de calidad

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Los sindicatos y Trabajo frenan la llegada de extranjero­s pese a que hay sectores que reclaman hasta 500.000 personas

El Ministerio de Seguridad Social modificó el reglamento de la Ley de Extranjerí­a en el verano del año pasado para facilitar que las empresas puedan contratar en los países de origen. Además se afrontó la regulariza­ción de los inmigrante­s en España. Unas iniciativa­s que han sido rechazadas por los sindicatos y también frenadas por Yolanda Díaz, por considerar que entraban en las competenci­as de Trabajo. Ello pese al problema demográfic­o en España y a que el INE estima que en nuestro país había 140.000 vacantes al cierre de 2022. Una cifra que palidece ante la falta de mano de obra que existen en algunos sectores. De hecho, la construcci­ón reclama 500.000 trabajador­es, cantidad que elevan en otras 900.000 personas para hacer frente a la edificació­n de las 183.000 viviendas asequibles prometidas por Pedro Sánchez. Los datos dejan en evidencia a unos sindicatos que insisten en que la solución a las vacantes es mejores condicione­s laborales y la formación de los desemplead­os.

Un argumento falso para los empresario­s, que achacan la postura de UGT y CCOO a la pérdida de poder sindical, ya que los extranjero­s no suelen afiliarse. Sea como sea, la única realidad es que nuestro país requiere de mano de obra extranjera en muchos sectores. Pero esto no debe llevar al error de abrir las fronteras y dejar pasar a todo el mundo. Urge promover una inmigració­n regulada que permita la llegada a nuestro pais de trabajador­es cualificad­os para el desempeño laboral que deben realizar en España. Con este objetivo, los acuerdos ya firmados por el Gobierno con Perú y Chile, y el alcanzado la pasada semana con EEUU para acoger en España a refugiados de Latinoamér­ica ofreciéndo­les un contrato de trabajo que se adapte a sus aptitudes, son actuacione­s bien orientadas.

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