El Economista

El Parlamento propone crear un fondo europeo para bajar la tarifa eléctrica

Pide que las pymes y los electroint­ensivos tengan sistemas de protección

- Rubén Esteller

El Parlamento Europeo cuenta ya con el informe que ha elaborado el eurodiputa­do socialista, Nicolás González Casares, sobre la reforma del mercado mayorista de la electricid­ad.

En dicho documento, que plantea una serie de cambios sobre los planteamie­ntos de la Comisión Europea, el ponente pide al Ejecutivo comunitari­o mantener el tope de 180 euros/ MWh de los ingresos de los generadore­s inframargi­nales (nuclear, hidráulica y renovables) para que puedan utilizarse para paliar crisis de precios.

En opinión de González la medida se sustenta en tres razones: proporcion­a una fuente de financiaci­ón para las tarifas reguladas propuestas por la Comisión, permitiend­o incluso a los Estados miembros con menor capacidad financiera disponer de una fuente de ingresos para compensar los altos precios; proporcion­a previsibil­idad a consumidor­es e inversores al conocer las normas de antemano, evitando tener que recurrir a nuevas normativas de urgencia mediante la improvisac­ión y la incertidum­bre y sin la participac­ión del Parlamento y, finalmente, evita la fragmentac­ión del mercado interior mediante la introducci­ón de normas comunes.

El eurodiputa­do reclama también que el sistema de protección alcance a las pymes y considera necesario complement­ar la propuesta de la Comisión incluyendo la obligación para los nuevos contratos a precio fijo de que los proveedore­s no puedan modificar las condicione­s durante su duración, ni darlos por terminados prematuram­ente, ampliando los requisitos de informació­n o garantizan­do el derecho de los clientes a poder participar en medidas de respuesta a la demanda o compartir energía.

Suministro básico

El Parlamento plantea también la necesidad de obligar a los Estados miembros a prohibir la desconexió­n de clientes vulnerable­s, incluidos los afectados por la pobreza energética, y garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir suministro eléctrico para cubrir sus necesidade­s básicas.

Estos derechos también deben complement­arse con la obligación de los Estados miembros de adoptar medidas específica­s para las temporadas de invierno y verano dirigidas a los clientes domésticos, con el fin de ayudarles a gestionar su consumo y evitar facturas elevadas.

Finalmente, el informe propone limitar el objetivo del derecho a compartir energía al autoconsum­o, para evitar que se genere un negocio de comerciali­zación de la energía por otros medios al margen del tradiciona­l. Reconoce la necesidad de ayudar a la industria electroint­ensiva y exige la compatibil­idad de la reforma con el Reglamento de Taxonomía que ha impulsado la Comisión.

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EU El eurodiputa­do socialista Nicolás González.

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