Economistas avisan: la Ley de Vivienda expulsará del mercado a las rentas bajas
Consideran que la norma no se ha debatido los suficiente durante su tramitación
No rotundo a la Ley de Vivienda. La futura norma –que el pleno del Senado votará el 17 de mayo– no es conveniente ni adecuada. Esa es la principal advertencia lanzada por el Consejo General de Economistas, que considera que el control de precios del alquiler reducirá la oferta y dificultará el acceso a la vivienda a muchos inquilinos, especialmente a los que tienen rentas más bajas.
También se muestran contrarios a la definición de gran tenedor y anticipan que desalentará a los propietarios que tengan un cierto número de casas. En concreto, la ley permite a las comunidades autónomas rebajar la definición de gran tenedor de 10 a cinco viviendas en áreas tensionadas. Pero hay más. Los economistas prevén un aumento de la inseguridad jurídica como consecuencia del aumento de las medidas de protección frente a los desahucios. No obstante, valoran positivamente algunos mecanismos introducidos por la ley, como la nueva tipología de vivienda asequible incentivada o los cambios en los beneficios fiscales a los propietarios. El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha lamentado que esta ley “no ha sido suficientemente debatida durante su tramitación”.
Pacto de Estado
“Un marco de política de vivienda estable en el tiempo, similar a las de los principales países de la Unión Europea, solo es posible mediante un pacto de Estado entre los principales partidos políticos”, ha dicho el presidente de los Economistas, quien ha añadido que “en el actual marco Constitucional, es imposible trazar una línea clara de división entre competencias del Estado y de las autonomías en materia de vivienda y urbanismo”, apuntaba el economista.
Por último, los expertos también dudan de la fiabilidad del futuro índice para fijar los precios debido al tamaño, la dispersión espacial y la tipológica del parque de alquiler.
Propuestas
El Consejo General de Economistas de España ha presentado una batería de medidas para ayudar a mejorar la futura Ley de Vivienda. Piden abandonar cualquier medida que suponga la introducción de controles sobre los niveles de precios de alquiler o proteger de forma efectiva los derechos de los propietarios que ponen sus viviendas en alquiler.
También sugieren aportar suelo público para la construcción de viviendas destinadas al alquiler a precios accesibles; proporcionar incentivos a la iniciativa privada para la promoción de vivienda asequible y establecer un sistema de subsidio para alquileres para las familias con menores rentas. A todo ello suman simplificar y reducir los plazos de gestión administrativa, así como rebajar significativamente los impuestos que gravan a la vivienda.