España requiere 24.000 millones para infraestructuras de agua
El 75% del territorio nacional está en riesgo de desertización y sequía extrema
La sequía y la desertización se han convertido en una de las amenazas principales para la economía española. Con el 75% del territorio nacional en riesgo de desertización y un alto índice de estrés hídrico del 0,32, las inversiones públicas en materias de agua y medio ambiente han resultado insuficientes para cumplir con las directivas europeas. España se coloca en la actualidad entre las mayores economías en Europa que menos han invertido en la protección del medio ambiente entre los años 2011 y 2019, según datos de Eurostat, con tan solo 24 euros por habitante frente al promedio europeo de 40 euros por habitante.
La falta de inversiones públicas en gestión del agua supone no solo un grave riesgo económico para el desarrollo de sectores estratégicos como el turismo, la agricultura y la ganadería, sino que también es un tema por el que España ha sido sancionado en varias ocasiones por la Comisión Europea.
Desde Bruselas sigue creciendo cada año lo que se ha convertido en la mayor multa de la historia de Europa a España por no depurar las aguas residuales urbanas en aglomeraciones de más de 15.000 habitantes.
La primera multa, de 12 millones de euros, cayó en 2018 cuando el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España a pagar multas semestrales por el incumplimiento de la directiva europea sobre depuración de aguas residuales en áreas urbanas. Hasta el año pasado, la multa seguía creciendo con más de 10 millones de euros por cada semestre sin cumplir cuando, en septiembre de 2022, Bruselas decidió bajar la multa semestral a menos de un tercio de la original, unos 3,1 millones por semestre, tras la puesta en marcha de las instalaciones de Gijón-Este e Isla Cristina y tras el registro de mejoras significativas en más de la mitad de las aglomeraciones incluidas en la sentencia del 2018.
Multa
Hasta la rebaja de la multa en septiembre del año pasado, el Gobierno ya había abonado un total de 71 millones de euros a Bruselas por el incumplimiento de las directivas europeas en esta materia. Desde la Moncloa reconocieron el año pasado que el cumplimiento completo no llegaría hasta, al menos, el año 2025, lo que elevaría la cantidad total a un mínimo de 80 millones de euros.
Para cumplir con los requisitos de Bruselas, el III Ciclo de Planificación hidrológica 2022-2027 calcula que haría falta un mínimo de 23.825 millones de euros de inversión pública en materia de agua y medioambiente para cerrar los expedientes de sanciones abiertos por la Comisión Europea en depuración y tratamiento de residuos, según las estimaciones de Seopan y Tecniberia.
El déficit de inversiones en agua y medioambiente a nivel nacional se hace más visible, sobre todo, en la depuración de aguas residuales, materia en la que faltaría aproximadamente 6.400 millones de euros en inversión, y también en la gestión de residuos urbanos, un área en el que se necesita un mínimo de 6.500 millones de euros en inversiones entre 2022 y 2027.
Sin embargo, en lo que se refiere a la sequía y la desertización del territorio nacional, el plan estima que haría falta invertir más de 4.850 millones de euros, de los que 3.262 millones sería para el regadío y 1.590 millones para el abastecimiento. España se encuentra entre los países europeos con mayor índice de estrés hídrico en la actualidad, de un 0,32, con más de tres cuartos del territorio en riesgo de desertización. Algunas áreas como Murcia, Valencia e Islas Canarias sobrepasan ya el 90%.
Según datos del Centro de Estu