El Ejecutivo cumpliría el ajuste fiscal si quita ayudas a energía y transporte
El paquete de medidas de estos sectores suma 8.600 millones de gasto público
La Comisión Europea prepara el terreno de vuelta a la disciplina fiscal en la que pide esfuerzos en cuanto a gasto público a los países del euro. Esta misma semana ya señaló a España, reclamándole un ajuste del 0,7% del PIB en 2024, el equivalente a unos 9.700 millones de euros, si supera el techo de gasto del 2,6%. Europa ha señalado directamente a las medidas energéticas que implican un gasto de 8.000 millones, y de no prorrogar las ayudas y bonificaciones sobre el transporte el margen fiscal aumentaría otros 1.600 millones que prácticamente cubrirían el ajuste que reclama el Ejecutivo comunitario.
En concreto, las ayudas y descuentos en la Renfe y Rodalies, además de la línea de autobús estatal, suman 660 millones. El transporte autonómico y estatal, por otra parte, 326,5 millones. Las estimaciones sobre el carburante a profesionales –20 céntimos hasta marzo, y 10 céntimos hasta junio– son de 240 millones. El bus y el tren para los jóvenes este verano suman otros 170 millones. La subida limitada del 4% en los peajes de las autopistas son 23,3 millones. Y, además, en el real decreto aprobado en diciembre se incluyó una línea de ayudas directas al sector por valor de 450 millones.
En base al objetivo de reducción del gasto público, el Ejecutivo comunitario plantea comenzar por las más específicas y generalizadas –en línea con recomendaciones reiteradas por el Banco de España, por ejemplo–, rebajando el peso de estas partidas económicas sobre el balance de las cuentas.
Desde el Ministerio de Transporte explican que estas medidas son
gasto aplicado al ejercicio de 2023 y se presupone que no se prorrogarán a 2024. Sobre la vuelta a la disciplina fiscal que marca la Comisión Europea en el calendario a partir del próximo año, al no estar presupuestadas estas medidas para el próximo ejercicio, este gasto no computaría como déficit estructural en 2024.
En el caso de las ayudas energéticas, la Comisión Europea es partidaria de retirar todas las medidas de apoyo energético a excepción del impuesto a los beneficios caídos del cielo de las energéticas, ya que suponen ingresos para las arcas públicas.
En todo caso, España aún no avanza sus intenciones. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, declaró el jueves en base a esta recomendación que se pueden “repensar” “dónde se pueden eliminar” y “dónde se requieren” cambios. Bruselas mirará los números.
En todo caso, en lo que se fijará la Comisión Europea a la hora de evaluar a España es que se ajuste a ese aumento del gasto del 2,6%. La cifra tiene en cuenta los niveles de deuda y déficit de nuestro país y se calcula con la vista puesta en consolidar la deuda de manera que no alcance niveles explosivos en los cuatro próximos años. De esta forma, que se cumpla la recomendación no significa que el déficit de España vaya a descender. Se trata del esfuerzo fiscal que la Comisión Europea considera suficiente a medio plazo para estabilizar la deuda. El objetivo es llevar el déficit a niveles del 3% y situar la deuda pública en una senda descendente.
Así lo afrontan los profesionales
El sector de los transportistas por carretera ya asume que la bonificación del combustible pasará a la historia y no se prorrogará. “Las empresas de transporte por carretera tendrán que adecuarse a esta nueva situación que a partir del 1 de julio se producirá en relación con el precio que pagan por cada litro de combustible”, explica Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la organización que representa al sector del transporte internacional por carretera en España (ASTIC) y miembro de la Ejecutiva de la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU).
Juan José Gil, secretario general de Fenadismer, considera “precipitada” la decisión de no prorrogar más allá del primer semestre las ayudas al sector debido a las fluctuaciones que puede protagonizar el precio del crudo. Dependiendo
Los profesionales asumen que no se prorrogará la bonificación al carburante
cómo evolucione la situación de los precios durante el mes de junio, afirma que plantearán al Gobierno que se mantenga la bonificación sobre el diésel o bien buscar una alternativa.
“Precisamente el combustible es uno de los componentes principales de la distribución de costes de una empresa de transporte por carretera como las que componen ASTIC. Aproximadamente, entre el 35 y el 40% de los costes operativos tienen que ver con el combustible y por tanto tiene un impacto directo en las cuentas de resultados de nuestros transportistas”, explica Valdivia. Los transportistas también destacan a este medio el incremento generalizado de costes asociado a los vehículos, peajes, financiación mantenimiento, reparación y costes laborales.