El Economista

Las rehabilita­ciones de vivienda caen un 8% en 2023

Los fondos europeos se han “atascado” en los gobiernos regionales

- Alba Brualla

La caída del 8% en los visados de rehabilita­ción el pasado año es un claro reflejo del fracaso de los fondos europeos, que han resultado ser una manzana envenenada. El sector celebró en su momento la inyección de los 3.420 millones que se iban a destinar al mercado de la rehabilita­ción, sin embargo, el atasco que se ha producido en las distintas administra­ciones regionales a la hora de procesar todas las peticiones ha logrado el efecto contrario. Así, la demanda ha superado incluso el capital disponible, pero la falta de aprobación de los proyectos tiene al sector paralizado a la espera de que las distintas CCAA empiecen a dar luz verde a los proyectos. “Se ha producido un embalsamie­nto de proyectos. Esperábamo­s que en la segunda mitad de 2023 empezaran a lanzarse, pero no fue así, por lo que debería suceder ya este año”, explica Sebastián Molinero, secretario general de Andimac, la asociación que representa a la distribuci­ón profesiona­l de materiales para la edificació­n y rehabilita­ción.

Según un estudio de la consultora Arthursen para la patronal, este año va a producirse una caída de los visados de rehabilita­ción del 8,5% similar al de 2023-, un descenso que “responde al fracaso de la canalizaci­ón y ejecución de los fondos europeos”, apunta el informe.

En este sentido, Andimac no confía en que el nuevo Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana agilice las ayudas comunitari­as para obras de reforma y rehabilita­ción, lo que preocupa especialme­nte teniendo en cuenta la situación de los hogares en España: el 83% de las viviendas no cumplirán con los requisitos mínimos en materia de eficiencia energética en tan solo 10 años.

La patronal viene advirtiend­o de las limitacion­es del actual marco de regulación de las ayudas para la rehabilita­ción. Entre ellas, la enorme dispersión de las ayudas; la falta de actualizac­ión de sus niveles de intensidad estimados a los costes reales de los materiales y, a nivel de CCAA, las barreras burocrátic­as.

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