El Gobierno valenciano busca poner coto al gasto con 70 indicadores
Lanza un plan para optimizar los fondos ante la vuelta de las reglas fiscales
La Generalitat Valenciana que preside el popular Carlos Mazón es una de las administraciones autonómicas que encabeza desde hace años tanto el déficit como el endeudamiento. Una situación que el Gobierno de coalición de PP y Vox es consciente que se agudizará con el regreso de las reglas fiscales impuestas desde la Unión Europea tras el paréntesis de la pandemia y la guerra de Ucrania.
Aunque Mazón reivindica un nuevo modelo de financiación autonómica y un fondo temporal que aporte más recursos a la Comunidad Valenciana hasta que se cierre esa reforma, su Administración ya está trabajando para tratar de poner coto y optimizar su gasto público. Entre esas medidas se encuentra la puesta en marcha de un plan de eficiencia en el gasto que abarque a toda la Generalitat, pero que se centrará especialmente en los capítulos que absorben más fondos del presupuesto autonómico: sanidad, educación y servicios sociales. Más del 70% del presupuesto valenciano, que supera los 30.000 millones de euros anuales, se destina a esos servicios fundamentales.
En la práctica, la Generalitat ya ha puesto en marcha una comisión interdepartamental que coordina la Conselleria de Hacienda y que entre sus primeras misiones tiene el encargo de implementar un nuevo sistema que permita realizar un seguimiento del gasto presupuestario y de la eficiencia del mismo. Precisamente una de las críticas fundamentales de los actuales responsables del Consell valenciano a los anteriores gestores es el bajo grado de ejecución con que se han encontrado al acceder a los despachos de la Generalitat.
El instrumento fundamental para aplicar este plan de eficiencia será la creación de hasta 70 indicadores estratégicos y operativos con los que el nuevo Gobierno pretende evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos presupuestarios, su eficacia y su eficiencia. Para diseñar y establecer los más adecuados a cada área de la Administración, la Generalitat ha recurrido al asesoramiento del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que llevaba más de un año trabajando en varias propuestas para un plan estratégico de evaluación de políticas públicas de gasto.
Según explican fuentes conocedoras del proceso, la intención es fijar indicadores que sean homogéneos para toda la Generalitat y que incluso sean comparables con otras administraciones, entre las que se pone como referencia el País Vasco y Galicia. Para ello se dividirán en cuatro bloques. Por un lado los de realización, para conocer cuánto se está gastando, en qué áreas y también el personal que se está realmente destinando. El segundo bloque son indicadores de resultados, con los que se busca medir la cantidad y la calidad de los servicios públicos.
A ellos se suman los más novedosos, los de eficacia, que según reconocen son los más complicados, ya que supone para los propios departamentos de la Administración establecer unos objetivos concretos de mejora. Por ejemplo, en el caso de Sanidad se podría establecer reducir en un porcentaje las listas de espera o, en Educación, plantear una rebaja en la tasa de abandono escolar. Por último, los de eficiencia permitirán conocer los costes reales para lograr esos resultados.
La intención es que estos indicadores puedan estar definidos en los próximos meses y puedan aplicarse a la elaboración de los presupuestos para el próximo año, complementando también el uso de la nueva plataforma tecnológica denominada Nefis, que permita mejorar la información y el seguimiento durante la aplicación de los propios presupuestos.
El objetivo final es que la integración de estos sistemas permita aumentar el grado de ejecución actual y, sobre todo, un uso más eficiente del dinero público. “Lo que se pretende no es una reducción del gasto, si no un mejor uso de los fondos, un uso más eficiente”, recalcan fuentes del proyecto, que señalan que también permitirá que determinados programas que no logren resultados o no sean eficientes “se puedan reorientar a aquellos que si lo son”.
Los últimos presupuestos autonómicos ya superan los 30.000 millones de euros