Madrid y Cataluña chocan con el Gobierno por los 40 millones para los menores inmigrantes
La iniciativa de aprobar un fondo para ayudar financieramente a las regiones que han recibido más menores en lo que va de año fue del Ministerio de Sanidad que trabaja desde septiembre en los criterios para el reparto que se aprobarán a finales de mes a través de un real decreto.
El borrador del documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Latifa cierra los ojos y piensa que es melillense. “Lo imagino”, admite, “porque he nacido, he crecido y he pasado aquí toda mi vida”. Los abre y vuelve a una realidad sin papeles dominada por la máquina de coser con la que hace algo de dinero para pagar las facturas de su piso en alquiler sin contrato en el barrio de Cabrerizas, uno de los más pobres de Melilla. Si se pone enferma, tiene que pedir a alguna vecina que cuide a sus hijos para ir al médico en Marruecos, a razón de unos 30 euros por consulta. “Yo no me considero de ningún sitio, ni de aquí [de España] ni de allí [de Marruecos]”, concede, pese a lo que dice su pasaporte verde expedido en Nador, “pero a los niños, aunque no tienen la nacionalidad, yo los considero españoles”.
Adan y Mariem, de nueve y cinco años, viven en un estado casi determina la distribución, en una primera fase, de 38 millones que se repartirán en proporción al incremento de menores que cada comunidad haya asumido durante los primeros nueve meses de 2018; es decir, hasta el 30 de septiembre. Ese aumento se calcula en base a los datos sobre menores extranjeros incluidos en el registro que gestio- apátrida: no tienen DNI español ni marroquí; no tienen pasaporte expedido en país alguno. En Melilla cuentan como menores extranjeros con partida de nacimiento registrada en la ciudad, libro de familia y tarjeta sanitaria. Cuando el exmarido de Latifa le propuso mudarse de vuelta a Marruecos, ella se negó en rotundo. “Con mis hijos, ni en broma”, dice, “yo no quiero estropearlos como me hicieron a mí, que me dejaron sin na la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la única fuente oficial para documentar este fenómeno.
Basándose en este criterio, Andalucía, Ceuta, Melilla, País Vasco, la Comunidad Valenciana y Canarias son las más beneficiadas porque el registro sí contempla la presión migratoria soportada durante estos meses.
El problema ha surgido cuando comunidades que también asumen un alto número de tutelas, como Madrid, no reconocen los números oficiales que maneja Sanidad. Según este registro, Madrid acoge ahora 407 menores, 71 menos que en diciembre de 2017, lo que la deja sin subvención.
La Consejería de Políticas Sociales madrileña, que lleva semanas recibiendo críticas por la gestión de su saturado centro de recepción de menores en el barrio de Hortaleza, ha puesto el grito en el cielo. Asegura que tutela 846 jóvenes, el doble de lo que figura en el registro oficial. “Estamos ante un nuevo agravio por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid —regida por el PP—”, ha denunciado en una nota la consejera Lola Moreno.
Cataluña, la tercera comunidad que más acoge, también ha salido perdiendo en la distribución. Los datos oficiales dicen que pasó de acoger 805 meno- poder trabajar, sin documentos…”. En el país vecino, los hijos de Latifa no existen.
En Melilla, con una población de unos 84.000 habitantes (más de 8.000 de nacionalidad marroquí), esa situación podría afectar a un par de cientos de familias invisibles, si se consideran las solicitudes de residencia por arraigo social recibidas por la Delegación del Gobierno, que permite a los extranjeros sin contrato laboral, visado o familiares naturalizados regularizar su situación. En lo que va de año, suman 224. Son personas sin tarjeta de residencia o contrato legal que, como Latifa, no figuran en ningún registro. En 2015 y 2016, apenas se aprobaron la mitad de las solicitudes (170 de 327 y 132 de 222, respectivamente). Los abogados especialistas en extranjería se quejan de que el proceso suele ser inútil. “Todo el mundo sabe el fracaso que supo- El baile de cifras pone de manifiesto una deficiencia fundamental en la atención a los menores migrantes que viajan solos en España. El registro oficial no está actualizado y los números dependen de la eficiencia y coordinación entre los servicios sociales autonómicos, que deben informar de las altas, bajas y fugas, y de la policía, que debe incluir esta información en el sistema. El Ministerio del Interior, responsable último del registro, no reconoce su responsabilidad en el desfase de números. Las comunidades tampoco.
Los fallos no son nuevos, pero no resultaban un problema hasta que de ellos han dependido la concesión o no de nuevos recursos. La Fundación Raíces, lleva años denunciando estas lagunas en el registro y constata el aumento de llegadas de menores a la comunidad de Madrid porque acuden a su centro a pedir ayuda.
“Esta falta de acuerdo y las contradicciones en los datos que se están ofreciendo sobre el recuento de niños y niñas que nos llegan solos a España, es muy preocupante, pues habla del desgobierno que impera en nuestro país en las políticas de protección de menores. En España no sabemos cuántos niños y niñas nos llegan, no sabemos si los mismos niños y niñas están siendo contando hasta cuatro o cinco veces, pues al mismo niño lo pueden estar contabilizando las cuatro o las cinco comunidades por las que pase”, ha lamentado la organización.
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que ne solicitar el arraigo”, explican desde Movimiento por la Paz, “pero hay mucha gente que está desesperada, lleva muchos años aquí y no le importa gastarse el dinero en reunir y traducir documentos porque piensan que les corresponde”.
El empadronamiento es la clave de la trampa legal que denuncia la asociación. El Gobierno de la ciudad autónoma no acepta ninguno de los medios de prueba que sí reconoce la ley española, como las facturas de agua o gas o un contrato de alquiler. Desde 2013, una modificación incluida por el Ejecutivo de Rajoy exige a los marroquíes tener un visado para empadronarse en Ceuta y Melilla, adonde los vecinos de Tetuán yNador pueden cruzar libremente. Hasta entonces, las Administraciones locales se servían de sus propias normas internas para limitar la ley.