Un búnker frente a la corrupción
Turull ha sido el encargado con su estilo agresivo de responder desde el escaño a las acusaciones de financiación ilícita de Convergència Ejerció de correa de transmisión entre el partido y el Parlament
Jordi Turull ha sido en las últimas legislaturas el mejor defensa parlamentario que ha tenido Convergència (CDC, hoy PDeCAT) frente a la corrupción. El hombre que ahora está a un paso de convertirse en candidato a presidente de la Generalitat ha estado siempre dispuesto a resistir todas las acusaciones antes de pasar a la ofensiva desde la tribuna. “Espera su momento y, cuando ve la oportunidad, pasa al ataque para desquiciar al oponente con cualquier treta. Ha sido el Rafael Hernando de CDC”, explica un exdiputado de ICV en el Parlament. “Es ante todo y sobre todo un hombre de partido. Sabe cuál es su misión y la cumple sin miramientos. Puedes cuestionarle muchas cosas, pero para CDC ha sido un activo insustituible”, añade un diputado socialista.
Turull (Parets del Vallès, Barcelona 1966) llegó al Parlament en 2004 tras crecer políticamente en el mundo local. Su meta —cumplida—, hasta ahora, fue ejercer como consejero de Presidencia y portavoz durante los últimos meses de la pasada legislatura, los más calientes de la historia del autogobierno catalán. Desde este cargo defendió a capa y espada la hoja de ruta independentista y el referéndum ilegal del 1 de octubre; y lo hizo con una dialéctica incendiaria como nunca se había visto en la Generalitat. De hecho, cuando llegó al Parlament tardó poco en dar muestras de su estilo agresivo y de su disposición a actuar como correa de transmisión entre la actividad parlamentaria y las intimidades inconfesables del partido.
Su primera misión relevante fue salir al rescate de Xavier Crespo, alcalde de Lloret de Mar (Girona) y figura emergente de CDC. La Sindicatura de Cuentas investigaba en 2005 a Crespo, médico de profesión, por unas irregularidades en un hospital público. Con la auditoría aún en marcha —y por tanto, secreta—, Turull supo que las conclusiones eran demoledoras. Y pasó al ataque. Primero forzó una reunión con el jefe de la Intervención, que había destapado el caso. Y luego lanzó en el Parlament una dura batería de preguntas contra la Sindicatura. Inquirió al síndico mayor, Joan Colom, sobre el alcance de las investigaciones. Pidió “el nombre” de los miembros del organismo de control que habían decidido iniciar la auditoría. Planteó que la Sindicatura se había “extralimitado”
Fue uno de los máximos defensores del referéndum ilegal
de sus funciones. Y exigió saber “de quién era la responsabilidad”.
Turull ganó la partida. Meses más tarde, el pleno de la Sindicatura decidió, pese a la gravedad de los hechos, enterrar la auditoria en un cajón. Allí permaneció cinco años el llamado Informe Crespo, hasta que EL PAÍS lo sacó a la luz en 2011 para revelar que Crespo y su esposa se habían lucrado con casi 300.000 euros a costa del centro sanitario. El entonces diputado salió indemne, pero su carrera política acabó en 2013 tras ser detenido (y luego condenado) por sus relaciones prohibidas con la mafia rusa.
Turull hizo una jugada similar en 2009, cuando estalló el caso Pretoria. Las investigaciones destaparon graves prácticas corruptas en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, del PSC. Pero, si para los socialistas el caso se limitaba a un problema de índole local, para los convergentes suponía un duro golpe a nivel autonómico, ya que en el centro de la trama estaban también dos de las figuras con más peso en los Gobiernos de Jordi Pujol: Lluís Prenafeta y Macià Alavedra.
Cuatro pagos
El ahora previsible candidato a presidir la Generalitat puso entonces el foco en unas escuchas telefónicas del sumario, que sugerían que la constructora Tau Icesa recibía un trato de favor de los socialistas. Con otra batería de preguntas parlamentarias, que hurgaban en todos los contratos adjudicados por la Generalitat a la constructora, Turull buscó extender la sospecha al Ejecutivo presidido por el socialista José Montilla.
Documentos a los que ha tenido acceso este diario, sin embargo, revelan que quien estaba cobrando en esas fechas de la constructora era la propia Convergència. Solo unos días después de que Turull lanzara sus preguntas, Tau Icesa hizo una donación de 25.000 euros a la Fundación CatDem, investigada por su papel clave en la financiación ilegal del partido en el caso 3%. Era el primero de cuatro pagos que se solapan al milímetro con la licitación, adjudicación y firma del contrato de un edificio de viviendas sociales en Sant Cugat, entonces la mayor administración controlada por los convergentes. Las cuatro donaciones ascendieron a 109.000 euros, el 2,91% del importe de la obra.
Sus compañeros de filas elogian su forma de trabajar. Turull asumió en 2013 la presidencia del grupo parlamentario de CiU, un mandato que es recordado como “muy apacible” entre los convergentes pese a la crispada situación política del momento. “Sabe delegar y dar juego. Solo le interesa que se haga el trabajo. Como lo consigue, acaba ganándose a la gente”, explica un exdiputado de CDC. Turull tiene ahora otro reto más complicado: ganarse la confianza de los diputados antisistema de la CUP.