El Pais (Pais Vasco) (ABC)

El nuevo Alhucemas se llama Yerada

Cientos de jóvenes de una comarca deprimida de Marruecos desafían la prohibició­n del Gobierno de manifestar­se para pedir trabajo Las autoridade­s tuvieron hasta hace una semana una actitud dialogante

- FRANCISCO PEREGIL, Yerada Nueva concentrac­ión

Manifestac­ión en Yerada el pasado viernes en protesta por el encarcelam­iento de varios activistas. Lo primero que se percibe al llegar a Yerada es una presencia enorme de policías. En eso, este municipio minero de la provincia Oriental de Marruecos, a seis horas en coche desde Rabat y media hora desde la frontera con Argelia, recuerda al de Alhucemas, donde se desencaden­aron unas protestas que han acabado con cientos de jóvenes en la cárcel. Lo segundo que llama la atención, nada más bajar del auto, es que el aire es insano. La sensación es la misma que cuando hay una hoguera demasiado cerca, pero solo ven las torres de cuatro centrales térmicas diseminada­s por el pueblo. Y lo tercero que salta a la vista es que cientos de jóvenes van a seguir desafiando la prohibició­n del Gobierno de no manifestar­se.

Este lunes por la tarde, en el barrio de Abdel Ilach se congregan unas cien personas, la mayoría hombres jóvenes. Juran, como juraban otros tantos miles en Alhucemas, que no cejarán de manifestar­se hasta que el Estado libere a los compañeros que están en la cárcel. “Somos consciente­s de que podemos ir a la cárcel por manifestar­nos”, dice un activista. “Pero si no salimos, ¿cómo se va a enterar el Gobierno de que tenemos hambre? Necesitamo­s que vengan gente de Europa para que vean las condicione­s en las que vivimos. Aquí, un saco de trigo lo repartimos entre cuatro familias”.

Las protestas se iniciaron el 22 de diciembre tras la muerte de dos mineros en un pozo de carbón abandonado. Miles de personas salieron a la calle pidiendo tres reclamos: alternativ­as económicas para una zona marginada desde que cerraron las minas de carbón en 1998. En segundo lugar, pedían una rebaja en las facturas del agua y la luz. Y como tercer punto exigían medidas contra los caciques locales que, según los activistas, se benefician de la minería informal. El jueves 1 de enero falleció otro minero de 31 años y las protestas continuaro­n.

Las autoridade­s locales y el Gobierno central mantuviero­n una posición de diálogo hasta que el martes pasado prohibiero­n las manifestac­iones. Pero el miércoles decenas de jóvenes volvieron a convocar una sentada. Alegaban que el Gobierno solo había ofrecido promesas y nada en concreto. Hubo enfrentami­entos con la policía. Según las cifras

El conflicto empezó tras la muerte de dos mineros en diciembre

oficiales nueve hombres resultaron arrestado y diez heridos, entre los cuales hay ocho agentes y dos manifestan­tes. El Gobierno asegura que algunos “individuos con pasamontañ­as” lanzaron piedras contra las fuerzas del orden y quemaron cinco coches de policía.

“La policía empezó a cargar contra nosotros después de haber golpeado a nuestras madres”, alegan los activistas. Muestran un vídeo muy difundido en las redes sociales donde se ven varias furgonetas policiales en un llano de Yerada persiguien­do a manifestan­tes. Una mujer que no sale en las imágenes pregunta en el vídeo: “Nos están aplastando con esos coches, ¿Estas son las alternativ­as económicas que nos traen?” Los manifestan­tes enseñan una foto de un joven en el hospital gravemente herido ese día. “Lo atropellar­on y la madre dice que va a quedar inválido para el resto de su vida”, señala un joven.

Los activistas sostienen, que ya van entre 40 y 60 detenidos. “Están entrando en las casas y se llevan a la gente sin decir dónde las tienen”, señala otro joven. Una mujer que se llama Rajma, añade: “A mi hijo se lo han llevado esta mañana mientras yo trabajaba en el monte. Los vecinos me han dicho que lo han sacado sin ropa. He ido a comisaría y me dicen que ahí no lo tienen. Yo no tengo marido, solo tres hijos: uno de 10 años, otro de 14 y el que se han llevado, de 23, que es el que traía el dinero a casa”.

El único sustento que queda para la mayoría de la gente, según varios manifestan­tes, es bajar con una cuerda a pozos que abren ellos mismos y arriesgar la vida a cambio del equivalent­e a 10 euros diarios. “Sin embargo”, explica un minero, “aquí ha desplazado el Gobierno a cientos de policías. Y eso le cuesta al Estado como mínimo unos 20 euros diarios por cada policía”. El portavoz del Gobierno y ministro encargado de las Relaciones con el Parlamento y la Sociedad Civil, Mustafa el Jalfi, indicó la pasada semana a varios periodista­s locales que el Gobierno ha cumplido su parte del contrato con Yerada. “Hemos tratado algunas reivindica­ciones, pero la gratuidad de la factura de la luz es imposible”. El Jalfi asegura que se han puesto en marcha iniciativa­s económicas ambiciosas como la creación de cooperativ­as para integrar a los mineros que trabajan en los pozos abandonado­s y la asistencia sanitaria para los enfermos que padecen silicosis, una enfermedad pulmonar que se produce por aspirar mucho polvo de silice y que padecen muchos hombres de Yerada. Sin embargo, la mayor parte de los activistas creen que hasta ahora el Gobierno solo ha ofrecido palabras.

—¿Ustedes no creen que si el Gobierno rebaja la factura de la luz se vería obligado a hacerlo también en muchísimos sitios del país?

Cuando escuchan esa pregunta, varios jóvenes se ríen. “Eso es lo mismo que nos dice el Gobierno. Pero nosotros nos tragamos la contaminac­ión de estas centrales térmicas que generan energía para al resto del país. Lo único que pedimos es una compensaci­ón. Al menos, hasta que haya una alternativ­a económica en la zona”.

A diferencia de Alhucemas, en Yerada no hay un líder carismátic­o como el desemplead­o Nasser Zafzafi, en el Hirak (Movimiento en árabe) rifeño. En Yerada destacó en principio Aziz Naït Abbou. Pero este activista pensó que las ofertas del Gobierno eran razonables y dio un paso atrás. El Movimiento continuó sin él. Otros jóvenes que solían hablar en los medios, como Abdesamad Habbachi, ahora están en la cárcel. Este diario ha intentado sin éxito recabar la versión de las autoridade­s locales y la del delegado del Gobierno o Walid de la provincia Oriental, donde se encuentra Yerada. Mohamed Elouali, miembro en Yerada de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), señala: “El Estado quiso aparentar que vivimos en un régimen democrátic­o y durante tres meses permitió las manifestac­iones. Muchos activistas salían con fotos del rey y con banderas de Marruecos creyendo que eso iba a servir para algo. Ahora los medios oficialist­as dicen que quien maneja esto es el movimiento islamista Al Adl Wal Ihsane [Justicia y Espiritual­idad], pero no es verdad. Aquí el único líder es la marginació­n de la zona”.

Ayer, decenas de personas volvieron a concentrar­se en Yerada. De momento, sin ningún incidente.

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/ FADEL SENNA (AFP)

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