La lacra de la violencia machista
El presidente aduce que ultima el acuerdo con el Poder Judicial y las autonomías
El pacto de estado para luchar contra la violencia machista se aprobó el 28 de septiembre pero parece dormir en el cajón y el Ejecutivo no lo ha puesto en marcha todavía. El PSOE afeó ayer al Gobierno esta dilación en la sesión de control del Congreso. La portavoz socialista, Margarita Robles, reprochó a Mariano Rajoy la lentitud e inacción en la implementación de un acuerdo que considera «de mínimos» y que suscribió más «por responsabilidad» que por convicción de que sea el mejor pacto posible.
El presidente adujo que, tras la aprobación parlamentaria en septiembre, el Ejecutivo está ahora «valorando» con las comunidades autónomas, oenegés y el Con- sejo General del Poder Judicial la implementación del acuerdo y anunció que prevé firmar en diciembre esa colaboración.
Para los socialistas, la respuesta de Rajoy solo demuestra que el Gobierno está dilatando la puesta en marcha de un pacto ya validado por el Congreso y el Senado, puesto que la inmensa mayoría de las medidas dependen del Ejecutivo central.
«Basta de focos, basta de campaña. Póngase a trabajar. No podemos consentir que haya una sola mujer más asesinada», reprochó Robles, que advirtió a Rajoy de que, si no presenta iniciativas legislativas en ese sentido, lo hará el PSOE.
El presidente pidió a los socialistas que mantengan el «espíritu del consenso» y aunque admitió que «queda mucho por hacer», insistió en que ya hay también mucho camino recorrido en la violencia de género.
El PSOE también pidió / al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que impulse medidas para proteger a las víctimas de agresiones sexuales para evitar casos como el de La manada, de presunta violación en grupo, que se juzga estos días en Pamplona. Catalá se comprometió a considerar una «auténtica prioridad» de su departamento «tener mejores leyes para erradicar la lacra de la violencia».
Las más de 200 medidas que recoge la ley y las reformas legales necesarias para implementarlas se tendrán que activar en un plazo de cinco años y con un presupuesto de 1.000 millones de euros.
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