La izquierda insiste en pactar un presupuesto «de mínimos»
Navarro asegura que ha tenido en cuenta las propuestas de la oposición
El equipo de Gobierno de Zaragoza está a punto de aprobar el proyecto de presupuestos del 2021. Lo hará esta semana sin contar todavía, al menos oficialmente, con los dos votos de Vox, que pone recelos a que la ciudad se endeude en 19 millones. A la espera de conocer el resultado final, los grupos de la izquierda volvieron a tenderle la mano ayer a la concejala de Hacienda, María Navarro, para negociar «un presupuesto de mínimos» que permita a la capital aragonesa hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus.
Desde la ultraderecha insisten en que desconocen la propuesta de Jorge Azcón, aunque fuentes cercanas a la negociación lo desmienten y aseguran que sí que está habiendo contactos. Entre los principales escollos vuelven a estar presentes las ayudas a la cooperación y los convenios.
De hecho, el portavoz de Vox, Julio Calvo, fue el que más afeó la intención del alcalde de captar deuda para poder aumentar la inversión. «Me suscita muchas dudas», aseguró durante el primer debate presupuestario en la comisión de Hacienda. «¿Cuánta deuda pendiente se va a amortizar? ¿Cuánto hay de expansivo en este proyecto, de endeudamiento y de gasto?», cuestionó.
Según el borrador de presupuestos, la ciudad dispondrá de 825 millones este año, con más de 65 millones para inversión y un incremento generalizado de todas las áreas, especialmente las de Economía y Urbanismo. Solo perderán dotación las de Alcaldía y Presidencia, Hacienda e Interior. Tal y como explicó Navarro, el proyecto se sustenta en cuatro ejes, uno social, otro fiscal, otro económico y uno inversor.
La concejala aseguró que han tenido en cuenta todas las propuestas que los grupos municipales aportaron en la comisión para el futuro de Zaragoza. Motivo que cree que es suficiente para recibir el apoyo del resto de grupos municipales. Pero no será tan sencillo.
PSOE, ZeC y Podemos volvieron a tenderle la mano para sentarse a negociar las cuentas. «Por mandato del pleno tendría que juntarse con los grupos de la oposición. ¿Va a hacerlo? En un año como este tendría que tener voluntad negociadora», insistió el concejal de Zec, Alberto Cubero, que volvió a reclamar ayudas directas para los sectores más perjudicados por la crisis.
«Pactemos a cinco o a seis (grupos) un presupuesto de mínimos. Pero para eso hay que hablar de cifras y con un borrador delante», añadió el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, que aseguró que la cantidad de 19 millones de deuda bancaria van a resultar insuficientes con las previsiones de ingresos para este año. Solo en IBI y plusvalía la ciudad recaudará más de 16 millones menos.
Para la socialista Ros Cihuelo es «el año más fácil para ponernos a todos de acuerdo». «Todavía estamos a tiempo de que el presupuesto salga con el máximo consenso», aseguró la concejala, que también insistió en las ayudas directas.
ETribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dado la razón al Ayuntamiento de Zaragoza y ha rechazado la petición de la Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores de anular la concesión del servicio del transporte urbano. En concreto, la cooperativa solicitaba la nulidad del acuerdo del Gobierno de Zaragoza de PP-Cs del 20 de septiembre del 2020 sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo y pedía la «retroacción completa» de la adjudicación del contrato de transporte del 2013 así como el reconocimiento del derecho a una indemnización. Además de declarar «conforme a la ejecución de sentencia» el acuerdo, el TSJA rechaza la petición de indemnización.
El origen de este conflicto se remonta a una resolución del Tribunal Administrativo de Contratos que dio la razón inicialmente al ayuntamiento sobre la validez del procedimiento llevado a cabo para la licitación del servicio, de la que quedó excluida la Cooperativa Urbana de Trabajadores.
La unión de empleados interpuso un recurso contencioso administrativo en junio del 2016. El TSJA anuló tres de las cláusulas incluidas en procedimiento iniciado por el consistorio relacionadas con la obligación de los licitantes a demostrar su solvencia técnica y económica para llevar a cabo la gestión del servicio, así como a constituirse en Sociedad Anónima. La cooperativa no los cumplía y fue excluida del proceso pero recurrió la sentencia y el Tribunal Supremo, que en junio del 2020 estimó, en parte, el recurso de casación interpuesto. Sí que mantenía