La justicia deja en suspenso las elecciones en Cataluña
Los comicios vuelven a fijarse el 14-F de forma provisional La maquinaria electoral se reactiva hasta el fallo definitivo
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dejó ayer sin efecto el decreto que firmó el vicepresident con funciones de president, Pere Aragonès, el pasado viernes para posponer al 30 de mayo las elecciones autonómicas. Tras la decisión provisional de los magistrados, que estimaron las medidas cautelarísimas solicitadas por un particular –el abogado y exmosso Josep Asensio– y por el partido Izquierda En Positivo, la fecha de los comicios vuelve a situarse en el 14 de febrero, al menos hasta mañana o el viernes, cuando los magistrados se volverán a pronunciar sobre el asunto.
La decisión judicial ha sumido en el estupor a JxCat y ha reabierto por enésima vez las heridas entre los dos socios del Govern, que se han lanzado acusaciones directas nada más conocerse la resolución.
El TSJC resolverá de forma definitiva sobre las cautelares cuando haya estudiado las alegaciones de la Generalitat y de la fiscalía, que tienen margen para presentarlas hasta mañana a las 10 horas, sin analizar aún el resto de impugnaciones, presentadas por Lliga Democràtica, Federalistas d’Esquerres e Impulso Ciudadano.
De momento, el Gobierno catalán se ha visto obligado a reanudar los trámites electorales contra reloj y a expensas de conocer cómo se desencalla la contienda, en la que tratará de convencer a los togados de que la situación epidemiológica pone en jaque el derecho al sufragio de todos los catalanes. El temor a esa inseguridad jurídica explica el desconcierto que cundió en el Ejecutivo en funciones tras el dictamen judicial.
Para suspender el decreto, los magistrados alegaron «causas de urgencia extraordinaria» y para evitar que su decisión final tenga efectos «irreversibles» si acaban sentenciando que el 14-F no puede aplazarse. Con esta maniobra, se reactiva toda la logística electoral mientras los magistrados resuelven el asunto a fondo «con la mayor agilidad» posible. La base legal del decreto ahora en suspenso fue uno de los caballos de batalla del Govern la semana pasada, y Junts considera en privado que la decisión del TSJC les da la razón a sus advertencias.
Los jueces estiman las cautelares de un particular y un partido extraparlamentario
LOS ARGUMENTOS La sala aprecia que el decreto del Gobierno catalán «puede tener incidencia en el ámbito del derecho fundamental» reconocido en el artículo 23 de la Constitución –a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos mediante elecciones periódicas– y recuerda que el aplazamiento del 14-F se ha acordado bajo el mismo decreto de alarma en que se convocó el 21 de diciembre, por la pandemia del coronavirus.
Para estimar la suspensión cautelar, el tribunal recuerda que el proceso electoral dura 54 días, porque las elecciones fueron convocadas de forma automática tras la disolución del Parlamento, y que procedimientos sucesivos que afectan a la formación de las juntas electorales, las mesas, candidaturas o el voto por correo se han visto paralizados por el decreto de postergación. Por tanto, insiste el TSJC, si se mantiene el decreto en vigor mientras resuelve los recursos, se puede llegar a impedir «la posibilidad de celebrar las elecciones con todas las garantías».
El PSC finalmente no presentará recurso al dar por amortizados los ya cursados, y exigió al Govern «seguir con los preparativos». Cs, comuns y CUP coincidieron en poner en duda que las elecciones del 14-F cuenten con las garantías necesarias.