El Gobierno ve refrendada su postura contra el aplazamiento
El Ejecutivo muestra su «coincidencia» con la resolución judicial
El Gobierno vio ayer refrendadas sus tesis sobre el aplazamiento electoral en Cataluña. La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que suspendió cautelarmente el retraso hasta el 30 de mayo y mantuvo la convocatoria original para el 14 de febrero mientras se pronuncia sobre el fondo del asunto, es «coincidente» con la visión del Ejecutivo, señaló su portavoz, María Jesús Montero.
Pese a que los magistrados, de momento, se limitaron en su primera decisión a estimar las peticiones de dos recursos presentados contra el decreto que posponía los comicios, Montero fue un poco más allá. «El tribunal considera que no se pueden aplazar las elecciones. Lo que ha dicho es coincidente con lo que decía el ministro de Justicia», añadió desde la Moncloa la también ministra de Hacienda.
Montero hacía referencia así a la posición que mantuvo hace unos días Juan Carlos Campo, que se detuvo en el vacío legal existente en torno a una decisión como la de aplazar unas elecciones, en este caso motivada por los malos datos de la pandemia. «Mucha cautela ante una falta de previsión legal. Suspender la democracia es grave. Si no queda más remedio, podría hacerse. Pero es una cosa muy, muy delicada», dijo el titular de Justicia.
Aun así, la portavoz del Gobierno dejó claro que todavía faltaba que el tribunal falle sobre el fondo de la cuestión, una decisión que se espera entre mañana y el viernes de esta semana. «Son los tribunales los que tienen la responsabilidad de pronunciarse. Hay que esperar al resultado definitivo», señaló.
PLANES TRASTOCADOS / Pero el Gobierno nunca ha visto con buenos ojos el aplazamiento electoral. Por un lado, al igual que el PSC, subraya el vacío legal existente en torno a esta cuestión, y también la contradicción que supondría suspender unos comicios mientras los bares continúan abiertos y no hay ningún confinamiento. Por otro, el retraso en la cita con las urnas trastoca sus planes, porque debería aparcar los cambios dentro del Consejo de Ministros, motivados por la salida de Salvador Illa (ministro de Sanidad y candidato del PSC) cuando empiece la campaña, y complicaría el pacto judicial con el PP.