El Gobierno desacredita a Iglesias por llamar exiliado a Puigdemont
El vicepresidente insiste en la idea, pero admite que es «diferente» el contexto Montero rechaza la comparación por el «quebranto» de la legalidad del catalán
Al sector socialista del Gobierno no le sentó nada bien que Pablo Iglesias comparase al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con los republicanos exiliados durante el franquismo, el pasado domingo. El enfado en las filas del PSOE se incrementó ayer cuando el vicepresidente segundo insistió en su símil, salvando «los contextos históricos diferentes». Apenas unos minutos después, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, rechazó el paralelismo esgrimido por el líder de Unidas Podemos. «Los exiliados republicanos defendieron la legalidad vigente. Otros, la quebrantan», sentenció desde la sala de prensa de la Moncloa en referencia al político catalán huido de la justicia.
Con gran parte del arco parlamentario –incluido el PSOE– criticando la comparación que hizo el domingo entre el líder independentista y aquellos que tuvieron que abandonar España durante la dictadura, Iglesias, más allá de evitar retractarse, se reafirmó ayer en que el expresidente de la Generalitat es un exiliado. Además, desvió todos los reproches esgrimiendo que el Gobierno está volcado en una ley de memoria democrática y remontándose al pasado republicano de su familia.
«Si alguien en este país ha maltratado la memoria de los antifascistas, de los republicanos y de los exiliados son los que ahora tratan de decirnos que estamos comparando cosas diferentes», sentenció tras advertir que no admitirá «ninguna lección» de aquellos que gobiernan con Vox o que han vetado una investigación en el Congreso a Juan Carlos I, unas referencias que engloba a PP y Cs, pero también al PSOE. Por último, avisó de que no caerá en la «criminalización del independentismo».
Sin embargo, sus socios de Gobierno mantienen una posición completamente diferente. «No tiene nombre», señalan fuentes del sector socialista del Ejecutivo que lamentan que Iglesias haya causado el enfado de todas las asociaciones de familiares de republicanos exiliados. Estas voces sostienen que la insistencia de Iglesias en que Puigdemont es un exiliado que, «de alguna manera, se ha jodido la vida para siempre por sus ideas políticas», solo es una prueba más de «su metedura de pata».
Intentando poner fin a la polémica, Montero no tardó en rechazar la existencia de cualquier similitud entre la situación del político independentista y quienes tuvieron que abandonar el país tras la guerra civil. «Es una respuesta nítida, firme y clara, decir que España es una democracia plena y que los exiliados republicanos defendieron la legalidad y no la quebrantaron», sentenció Montero tras el Consejo de Ministros.
Horas antes, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ya había subrayado que «Puigdemont ha huido de la justicia y ha vulnerado el estado de derecho». La socialista también aprovechó para lanzar una advertencia a Iglesias: «Lo que hace es banalizar un régimen dictatorial y el sufrimiento de millones de españoles».