La DGA no sabe aún el número de sanciones covid que ha cobrado
Solo una docena de trabajadores tramitan las 31.828 denuncias de la pandemia La oposición de PP, Cs e IU pide reforzar el servicio para «evitar la impunidad»
Han pasado seis meses desde que las comunidades autónomas asumieran el mando en la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus y en la puesta en marcha de medidas restrictivas que frenen la expansión del covid-19. Pero medio año después, el Gobierno de Aragón desconoce todavía cuántas de las sanciones impuestas por incumplir sus propias normas han sido abonadas por los infractores y han llegado a las arcas públicas. Tampoco se ha hecho público, por ahora, el nivel de tramitación de los 31.828 expedientes que han llegado a las ventanillas provinciales de Sanidad en estos seis meses. Aunque se asume que es escaso, ya que estos servicios se han reforzado ya en una ocasión y prevén hacerlo en el corto plazo de nuevo. Pese al aumento de la plantilla y según confirmaron fuentes del Departamento de Sanidad, apenas una docena de trabajadores se dedica a tramitar las más de 30.000 multas impuestas por infringir la normativa contra el covid-19.
Ante la falta de información oficial sobre cuál es el ritmo de tramitación y de cobro de estas sanciones, el runrún de que las multas rara vez se pagan es cada vez más fuerte. A esa sensación que trasciende en las conversaciones cotidianas se suman las denuncias efectuadas por las organizaciones policiales y de la Guardia Civil, que alertaron en EL PERIÓDICO de que la lentitud en el proceso de notificación de las multas puede derivar en una «sensación impunidad» entre los infractores, que puede conducir, incluso, a «envalentonar» a los reincidentes.
Una de las explicaciones que aporta el Departamento de Sanidad para no disponer de estos datos, ni de las cuantías cobradas ni del nivel de multas tramitadas, es que el servicio se encuentra «desbordado» por el aluvión de expedientes que llegan. Así, en Zaragoza se han duplicado los efectivos desde el mes de septiembre, pasando de 3 a 6. También se han aumentando en Huesca, pasando de dos profesionales a tres y otro a tiempo parcial. Una situación similar, a falta de datos oficiales, en Teruel. En total, apenas una docena de personas deben gestionar íntegramente un total de 31.828 expedientes. Y la cifra sube casi como la espuma, semana tras semana, con mil sanciones más sobre la mesa. Una ratio, por ahora, de más de 2.600 denuncias por trabajador. El objetivo, aseguran desde el Ejecutivo autonómico, es «incrementar el servicio con más profesionales a corto plazo», aunque no concretaron cuántos refuerzos ni cuándo llegarán.
Con esta situación, los principales partidos de la oposición reclaman más recursos o derivar la gestión a otros servicios que estén preparados para ello. La portavoz adjunta del Partido Popular, Mar Vaquero, aseguró que «lo justo es cumplir las leyes y que quien las infringe sea penalizado. Con su inhibición el Gobierno de Aragón está dando a entender a los ciudadanos que da igual cumplir o no cumplir la ley, que incumplir la ley no tiene consecuencias». «Un ejemplo más --considera Vaquero-de que el Gobierno de Lambán sigue desbordado, y eso que llevamos diez meses de pandemia».
El portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, manifestó que «aun entendiendo que es normal que Sanidad esté desbordada con la gestión de multas porque no estaba acostumbrada a ello, es preocupante que surja la sensación de impunidad». Por eso, reclamó «medios y recursos» para acelerar los procesos.
En esta línea, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, consideró que «es necesario dotar de los medios que hagan falta para resolver esta situación, y si el Departamento de Sanidad no puede hacerse cargo es necesario que otros asuman esta función». Especialmente, subrayó Sanz, «en las sanciones por incumplimientos de las restricciones por parte de determinadas actividades, como el juego».