Aragón defiende su apuesta por un modelo de agricultura familiar
La DGA traslada al ministerio la posición de la comunidad sobre la reforma de la PAC Reclama más apoyo para los jóvenes y las mujeres, y eliminar los «agravios» en la ayuda
La reforma de la PAC (Política Agraria Común) ha entrado en una fase determinante para configurar la nueva regulación. En este contexto, Aragón apuesta por concentrar la ayuda en el modelo familiar de agricultura profesional. La posición que lidera la DGA, con el respaldo de la mayoría de los partidos políticos y organizaciones agrarias, pasa por defender la necesidad de afrontar en este proceso la «enorme brecha de renta» que sufren las personas que viven de la agricultura y la ganadería del resto de sectores.
La propuesta de la comunidad sobre la aplicación de la PAC post 2020 viene recogida en un nuevo documento, que es una adenda al acuerdo de reforma firmado en mayo del 2018 por el Gobierno de Aragón con PSOE, CHA, Podemos, Cs, IU, UAGA-COAG y UPA.
El consejero aragonés de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, dio a conocer ayer el nuevo escrito al Consejo Consultivo de Política Agrícola, celebrado de forma telemática y que fue presidido por el ministro del ramo, Luis Planas.
La posición aragonesa también apuesta por «aumentar el apoyo a jóvenes y mujeres» y eliminar los «agravios», tanto territoriales como individuales, del modelo vigente de ayuda. Por ello, se considera «absolutamente imprescindible la completa y definitiva supresión de los derechos individuales, así como las referencias históricas que regulan la aplicación vigente de las ayudas directas».
Tanto para el consejero como para las fuerzas políticas y las organizaciones agrarias aquí representadas, esta supresión de los derechos individuales y de las referencias históricas debe tener lugar en el año 2023, sin aplicación de periodos transitorios ni de procesos de convergencia, «al objeto de eliminar de forma inmediata y definitiva los agravios territoriales e individuales que se han generado».
Consideran prioritario que la nueva denominación de agricultor genuino reconozca a esta figura como «único y exclusivo posible perceptor» de los pagos directos, siendo deseable que se le exija unos ingresos agrarios que representasen al menos 50% de los ingresos totales. Todo ello con la exigencia además de unos ingresos mínimos anuales potenciales de 5.000 euros procedentes de la venta de productos agrícolas y ganaderos (producción estándar).
La propuesta de Aragón define como agricultor genuino plus a quien acredite unos ingresos agrarios que supongan al menos el 50% de los totales conforme a la declaración del IRPF, así como el alta en el régimen agrario de la Seguridad Social que corresponda. «Deberán cumplir con esta exigencia los agricultores y agricultoras solicitantes de ayudas del segundo pilar, así como de ayudas complementarias y asociadas del primer pilar», detalla el escrito.
El acuerdo establece que la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, incluyendo el complemento redistributivo y el de jóvenes, deberá concentrar un importe superior al 60% del presupuesto total del primer pilar de la PAC. En este punto, se aboga por reducir las regiones productivas existentes en España hasta un máximo de cinco o seis.