La hostelería aragonesa estima que en el 2020 dejó de ingresar 1.100 millones
Los empresarios exigen a la DGA compensaciones en línea con el quebranto patrimonial que han sufrido El sector llegó a perder el 68% de los 40.000 trabajadores que tiene, la mayoría por los ertes
El sector de la hostelería en Aragón ha sufrido una catástrofe económica sin precedentes. La crisis del coronavirus redujo en 1.100 millones su facturación entre los meses de marzo y diciembre del 2020, lo que supone la mitad (el 50,5%) de las ventas que tuvo el mismo periodo del año precedente. La debacle se ha traducido en pérdidas de 160 millones de euros, 60 de ellos por el recorte de los beneficios de explotación y otros 100 por los costes fijos soportados sin ingresos. La caída del empleo por el paro, los ertes y los ceses de autónomo llegó al 68% de los 40.000 trabajadores que tiene esta actividad en la comunidad.
Los datos vienen recogidos en un estudio encargado por el Consejo Aragonés de Cámaras de Aragón para conocer las afecciones económicas provocadas por el covid-19 en el sector. El informe, presentado ayer por el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, Marcos Sanso, sirve de base y argumento para la reclamación de compensaciones a las Administraciones por parte de las empresas.
«Es el mayor impacto jamás visto en un sector en tiempos de paz», afirmó el presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón (CEHAT), Luis Vaquer. A su juicio, ni el Gobierno central ni el de Aragón están «a la altura de la realidad». Urgió por ello al presidente Javier Lambán y el consejero de Industria, Arturo Aliaga, a tomar nota de las cifras del estudio y poner remedios, ya que consideró «muy insuficientes» las ayudas directas de 10 millones aprobadas hasta ahora por la DGA.
Aunque la debacle ha sido generalizada en toda la hostelería, los impactos son asimétricos sectorial, trimestral y geográficamente. En el primer caso, la peor parte se la lleva los alojamientos, con una caída de la facturación del 64,6% (de 240 millones menos) y una merma de beneficios del 62,5% (33,9 millones). En el subsector de comidas y bebidas, la bajada de ventas fue del 47,6% (-849 millones) y del 47,8% (25 millones) en las ganancias.
Las cifras de empleo muestran que el segundo trimestre del 2020 fue el peor en la historia de la hostelería en Aragón, con una pérdida media del 68% del total, incluyendo la caída de afiliados, ertes y ceses de actividad de autónomos. El recorte se mantuvo en el 40% en el cuarto trimestre del año, en su mayor parte en forma de suspensiones de empleo. Hubo comarcas que llegaron al 80% en el segundo trimestre, como Sobrarbe y Ribera Baja del Ebro, mientras que otras como el Alto Gállego seguían con una caída del 74% en el último cuarto del año.
EL PIRINEO SE RESIENTE Territorialmente, Huesca es la que se ha visto más perjudicada en términos proporcionales al registrar las mayores caídas de ventas, VAB y beneficios. En concreto, las ventas del sector en esta provincia bajaron un 59%, mientras que en Zaragoza el desplome fue del 47,1% y en Teruel, del 47,9%.
Por comarcas, caída en la cifra de negocio se concentran sobre todo en la comarca de la ciudad de Zaragoza (569.8 millones menos),, seguida de Hoya de Huesca, La Jacetania,
La Ribagorza, Sobrarbe, Alto Gállego, Comunidad de Calatayud y Comunidad de Teruel, todas ellas con recortes de ventas que superan los 30 millones.
Entre todas ellas destacan las cuatro comarcas pirenaicas por el tamaño de la pérdida en relación con su población dada su especialización en la actividad turística de montaña, que se ha visto muy tocada por suspensión de la temporada de esquí. Solo hay un excepción en la hecatombe del sector que se da en Valdejalón, donde los alojamientos elevaron las ventas en lugar de disminuirlas, aunque sea de forma insignificante en 49.000 euros. Esto se debe al aumento del empleo como consecuencia de las obras de acondicionamiento para la instalación de BonÁrea.
Los autores del estudio concluyen que el sector hostelero está realizando un «enorme sacrifico económico en favor de un beneficio social superior como es la salud de los ciudadanos» y consideran «de justicia establecer compensaciones lo más ajustadas posible a las cifras» del estudio.