Los que se han saltado el protocolo no tienen segura la segunda parte
Valencia y Castilla y León ordenar no suministrar el otro vial
Entre la primera dosis de la vacuna contra el covid de Pfizer y la segunda tienen que pasar tres semanas. Veintiún días en los que más de una treintena de políticos de España –y de todas las ideologías– que se han saltado los protocolos de vacunación aguardan expectantes por saber si les permitirán inocularse el antígeno por segunda vez y alcanzar la tan ansiada inmunidad. Ante la ausencia de especificaciones en las normas elaboradas por el Ministerio de Sanidad junto a las comunidades autónomas, no faltan quienes pretenden castigar a los que no han esperado su turno privándoles del segundo vial de la vacuna y quienes ponen el grito en el cielo ante esta mala praxis sanitaria.
Todos los líderes políticos, uno tras otro, han salido a afear el comportamiento de quien se ha saltado el protocolo. Sin embargo, en la Comunidad Valenciana y en Castilla y León han ido un paso más allá. Para dejar claro su rechazo y como pena ejemplar, ambas autonomías han ordenado que aquellos que se saltaron las normas no reciban la segunda dosis, pese a que eso suponga perder el efecto de la primera inyección.
«Cuando se vacuna por segunda vez a una persona que se ha puesto la primera dosis se hurta la primera vacuna a una persona vulnerable que sí que la merece», sentenció el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, sobre aquellos que recibieron el primer vial de «forma irregular».
En el Gobierno castellanoleonés la premisa es la misma. «La segunda dosis será cuando les toque (...) para no quitar la dosis a quien le corresponda tenerla», dijo la consejera de Sanidad, Verónica Casado.
La medida, polémica, no ha tardado en ser rechazada por el presidente del Comité de Bioética que asesora al Ministerio de Sanidad, Federico de Montalvo, que el martes aseguró que no suministrar la segunda dosis sería jugar con la salud de estas personas. La misma posición adoptó Fernando Simón cuando dijo que sería «cometer dos fallos seguidos» el privar de la vacuna a quien ya se pusiera la primera dosis, aunque fuera de manera incorrecta.
Otra de las dudas que surgea surgir es si estos cargos públicos podrían ser sancionados jurídicamente. En Murcia, la Fiscalía Superior investiga si su consejero de Sanidad, Manuel villegas y los 400 trabajadores de su consejería han cometido alguna irregularidad penal.