El Justicia anuncia que investigará el plan de vacunación
Abre un expediente de oficio para estudiar el modelo que se está desarrollando en toda la comunidad Aragón sigue el protocolo estatal, que prevé que se inmunice a todo el personal de un centro de salud
La polémica sobre el proceso de vacunación no ha terminado a pesar de los intentos del Gobierno de Aragón por constatar que el protocolo es el que es y que se está cumpliendo. Ayer, el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, comunicó que ha decidido abrir un expediente de oficio sobre el plan de inmunización que se está desarrollando en la comunidad. La institución, en un comunicado, hacía referencia a las declaraciones del doctor Montón, el jefe de la uci del hospital Obispo Polanco, en las que denunciaba que había «administrativos» y «sindicalistas» que se habían vacunado en los centros de salud antes que algunos profesionales de los hospitales que atienden en la primera línea contra el covid.
En conversación con este diario, el doctor Montón explicó que él no tenía constancia de que esto estuviera ocurriendo en su hospital, sino que había ocurrido en los centros de Atención Primaria, algo que ayer quiso explicar el presidente de la junta de personal de este mismo hospital turolense, el doctor Jesús Martínez. Según explicó, las dudas y los rumores se remontan a lo que ocurrió el 30 de diciembre en una residencia de mayores de la capital. Entonces, llegó un lote de vacunas (tarde y sin descongelar, por lo que no pudo utilizarse en el momento) para comenzar con el proceso de vacunación, y fue cuando los sanitarios encargados de ello se dieron cuenta de que podían obtener seis dosis por cada vial (los botes en los que viene el fármaco) y no cinco como establecía el fabricante, Pfizer en este caso. Entonces, para no desperdiciar las jeringas sobrantes, decidieron «tirar de agenda» para poder gastar las dosis. Esto ocurrió al principio del proceso y solo tres días después de que las primeras vacunas aterrizaran en España. Desde entonces, explica Martínez, «no hay constancia» de que esta situación se haya repetido.
Y sobre la vacunación en los ambulatorios de Teruel, en los que Montón denunciaba que se había vacunado a todo el mundo, Martínez lo confirma, pero lo explica: «En ningún caso ha sido una irregularidad, es lo que dicta el protocolo. Puede parecerte mal o no, pero es lo que hay». Fuentes consultadas del departamento de Sanidad así lo afirman: en los centros de salud, una vez llegan las dosis, se ha establecido que se vacune a todo el personal que trabaja en ellos sea cual sea su puesto, aunque en la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad sí que se establecen prioridades, aunque por la redacción del mismo se deduce que existe cierta flexibilidad.
Así, en este documento que resume el protocolo se establece que, en esta primera etapa, después de los residentes y sus cuidadores se vacune, en primer lugar, al personal sanitario y sociosanitario en primera línea, después al resto de los trabajadores de centros sanitarios (administrativos, personal de limpieza, de seguridad) y por último a los grandes dependientes. Todo, siempre, en función de las dosis de la vacuna disponibles y tenien
do en cuenta ciertos criterios que establece cada centro o, incluso, cada sanitario que está vacunando en el caso de que sobren dosis.
Así con todo, el debate se trasladó ayer a las Cortes de Aragón, en las que la oposición criticó al Gobierno por carecer de un plan claro y consolidado. La consejera de Sanidad, por el contrario, insistió: «Es posible que haya habido actuaciones no estéticas o alguna imprudencia, pero no me consta que nadie haya tomado decisiones a sabiendas de que son injustas o reprobables». El objetivo de Sanidad parece claro: que se vacune, y a cuántos más mejor.
El presidente autonómico, Javier Lambán, también aludió ayer la polémica sobre las vacunas aunque se limitó a asegurar que «la gestión de la vacunación se está haciendo bien». «Se procura siempre
que no se desperdicie ninguna y todo el mundo actúa de buena fe y sentido común», añadió el presidente.
Pero desde el sindicato CSIF insisten: hace falta que se establezca un listado de antemano para evitar que, cuando sobran dosis, sea el personal que está los que decidan a quien inocular las dosis. También demandan que el Salud informe sobre el número de profesionales vacunados por categorías y servicios, para poder realizar un seguimiento exhaustivo del proceso de vacuncación. Por el momento, el portal de transparencia de Aragón recoge que, más allá de los mayores en las residencias y de sus cuidadores se han inyectado ya 14.840 dosis entre los profesionales de la atención especializada, los de la atención primaria y otros grupos de riesgo.
Otro responsable
del Obispo Polanco dice que no ha habido irregularidades
Un sindicato insiste
en hacer listas con personal de reserva por si sobran dosis