Estos puestos no tienen la obligación de rendir cuentas a la sociedad, sino a quien los designa

tan excepcionales no entiendo cómo al nuevo rector no se le haya pasado por su cabeza reducir lo máximo posible su equipo de gobierno junto con la ristra de cargos de tipo medio que cada vicerrectorado conlleva. Todos con remuneraciones extras importantes y, por si fuera poco el despilfarro, reduciendo la carga docente de cada uno de ellos, en unos casos de forma total y en otros de tipo parcial. Es evidente que si el actual rector pudiera demostrar a la sociedad aragonesa con datos bien fundamentados y objetivables que esa inflación de vicerrectores y de asesores es absolutamente imprescindible para el buen funcionamiento universitario, no habría nada que objetar, a pesar de la calamitosa situación económica que estamos padeciendo. Sin embargo, yo sospecho que esa hipertrofia se debe a la necesidad de repartir las prebendas comprometidas con las camarillas y con los grupos de presión que le apoyaron para alcanzar el rectorado.

No abundan las investigaciones relacionadas con la micropolítica universitaria, aunque algunas de las pocas existentes son muy relevantes. Si se analizan dichos estudios, se comprueba que en la mayoría de las ocasiones la configuración de los equipos de gobierno no tiene como objetivo optimizar el funcionamiento universitario. Por el contrario, su propósito es cumplir con los compromisos contraídos con los grupos implicados en la obtención del rectorado. Según Ball (uno de los estudiosos más reputados a nivel internacional en este tema), la característica más definitoria del gobierno de los centros educativos es basarse en una cómo se confeccionan estos equipos de gobierno, ya que se preocupan más de su supervivencia y de los privilegios de sus componentes que de servir a las nuevas demandas de la sociedad en la que se insertan. Esta desconexión con el contexto social resulta útil para la pervivencia del modelo de gobierno burocratizado, ya que permite que los problemas más sencillos perduren durante mucho tiempo, envueltos en una ininteligible maraña de normas nada operativas, dando la apariencia de una organización racional legitimada por el valor trascendental de sus objetivos. Esa complicada urdimbre normativa no solo justifica la necesidad de equipos de gobierno tan amplios sino que a la vez requiere centenares de comisiones cuyas competencias se solapan entre sí, las cuales se legitiman mediante un modelo de democracia indirecta cooptativa que impide el control directo de los miembros que integran la institución.

En una universidad democráticamente masificada, el nombramiento de los cargos del equipo de gobierno nunca se logra mediante procedimientos democráticos, sino a través del nombramiento digital del rector. Por ello, quienes ocupan esos puestos no tienen la obligación de rendir cuentas ante la sociedad, sino únicamente ante la persona que los ha designado a dedo. Como afirma Vilar (1987), en su libro titulado La universidad: entre el fraude y la irracionalidad, la evaluación de la gestión de los altos cargos resulta muy difícil, debido entre otros factores a estar envuelta en el manto de una gradual democratización de los pasteles y mientras dura su correspondiente digestión la universidad sestea, dormita y parece tranquila.

Entiendo que ha quedado meridianamente claro que el nuevo rector de la Universidad de Zaragoza ha nombrado a su equipo de gobierno respetando escrupulosamente todos los parámetros que exige el modelo de universidad altamente burocratizada y democráticamente masificada que es consustancial al actual contexto ideológico posmoderno. Lo único criticable, al menos desde mi punto de vista, es que en una situación tan crítica económica y socialmente hablando como la que estamos padeciendo, no haya hecho una excepción aminorando hasta el máximo posible el número de altos cargos. *Catedrático jubilado. Universidad de Zaragoza