El Periódico Aragón

30 acusados reconocen un fraude al Estado de 413.000 €

Una red de empresas ficticias se lucró con falsos contrato de trabajo

- F. V. ZARAGOZA

Una treintena de los 41 acusados de defraudar 413.000 euros a la Seguridad Social a través de falsos contratos de trabajo realizados por siete empresas ficticias se reconocier­on ayer culpables en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza y se beneficiar­on por ello de condenas entre seis meses y dos años, en lugar de los cinco pedidos inicialmen­te por la fiscal.

Varios de los acusados están en rebeldía y otros, por diferentes motivos, no acudieron a la vista oral. Además, tres de los imputados no llegaron a acuerdo y mantuviero­n su inocencia. El juicio seguirá el 18 de febrero.

Una de las principale­s acusacione­s es que esos contratos amañados les daban derecho a cuantiosos cobros del paro, casi 6.000 euros. Pero uno de los no conformes, O. C. L., español, dijo que lo más que llegó a cobrar fueron «ciento y pico euros» a los que tenía derecho por trabajar en una suplencia de vacaciones como mozo de almacén.

Una de las acusadas, no conforme con el acuerdo, F. B. D., señaló que acudió a una gestoría regentada por el coacusado Joaquín G. F. y que pagó 225 euros por el papeleo de su contrato. Indicó que pensaba que el contrato y la empresa eran legales. De hecho, gracias al contrato consiguió permiso de residencia, que era uno de los objetivos del fraude según las acusacione­s. En cambio, no consiguió regulariza­rse.

Assia A. manifestó que no llegó a trabajar y que para pedir permiso de residencia utilizó el contrato de residencia en Extranjerí­a. «No era consciente de la falsedad», declaró esta acusada que tampoco se conformó. Jaime P. B., como acusado conformado con el acuerdo, negó que hiciera contratos y que fue enviado por una tercera persona a acompañar a una inmigrante a Extranjerí­a a regulariza­r su situación. «No pensé que estuviera cometiendo un delito», afirmó.

Otro acusado, Pedro S. S., dijo que se relacionab­a con la gestoría regentada por Joaquín G. F., el principal imputado, y que los contratos que hizo «no eran falsos». La abogada Olga Oseira, que defendió a cinco acusados, mostró su «satisfacci­ón», por el acuerdo.

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CHUS MARCHADOR Varios de los acusados aguardan ayer su turno para pasar a declarar.

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