El covid aplaza el juicio contra una red proxeneta de colombianas
Casi una veintena de mujeres fueron liberadas por la Policía Nacional en el 2019 La Fiscalía solicita penas de hasta 64 años de prisión contra los diez encausados
Casi una veintena de mujeres colombianas fueron liberadas en el 2019 de la red que las explotaba sexualmente en pisos de alterne en las inmediaciones del campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza. Diez personas fueron detenidas y ayer iban a ser juzgadas, si bien el positivo en covid-19 de dos de los encausados obligó a la Audiencia Provincial a suspender la vista oral para julio.
La investigación se inició gracias a una información anónima a través del teléfono de atención a víctimas de trata de la Policía Nacional (900 10 50 90). Tras varias gestiones, los agentes confirmaron la existencia de un clan familiar que extendía sus tentáculos desde Colombia hasta España, donde estaba asentada gran parte de la banda. Hasta cinco pisos llegaron a regentar los hermanos Milton Seir y Tatiana Andrea A. G., de los que dependían numerosos colaboradores como reclutadoras, mamis (como se les llama a las mujeres que regentan los pisos), vigilantes y chóferes. La banda publicaba en diferentes portales de internet anuncios con fotografías de los verdaderos rostros de las mujeres. Estas eran sometidas a un férreo control y eran objeto de continuas vejaciones e insultos por parte de los supuestos explotadores y, además, eran amenazadas a través de rituales de santería. Las mujeres eran, al parecer, obligadas a ceder a la organización un 40% de cada servicio sexual realizado; y con el 60% restante tenían que hacer frente a gastos de alojamiento, manutención y a la deuda contraída, que ascendía a más de 3.000 euros.
Además de los beneficios procedentes de la explotación sexual, la organización criminal obtenía supuestamente grandes ingresos económicos derivados del tráfico de drogas. Dichos ingresos provenían tanto del consumo habitual de cocaína por parte de los clientes en las conocidas como fiestas blancas. De esta forma, los miembros de la red manejaban grandes cantidades de dinero en efectivo que reinvirtieron en propiedades en España, como la compra de un terreno en La Muela por 25.000 euros, y en Colombia. Todos los sospechosos, defendidos por los abogados Enrique Trebolle y Alejandro Giménez Planas, se encuentran en libertad provisional, tras su paso por la cárcel. Están acusados de trata de seres humanos, favorecimiento de la inmigración ilegal, contra la salud pública y blanqueo de capitales y afrontan hasta 64 años de prisión. ((