Las Cortes piden no reabrir la granja de visones de La Puebla
La cámara insta a la DGA a esperar a que la situación sanitaria mejore
La Comisión de Agricultura de las Cortes de Aragón instó ayer al Gobierno autonómico a «no permitir el llenado» de la explotación de visones situada en La Puebla de Valverde (Teruel), clausurada el pasado verano tras sacrificar a los 92.700 ejemplares por ser portadores muchos de ellos del covid, hasta que la situación sanitaria «sea la idónea a nivel estatal».
La cámara aprobó así una proposición no de ley de Podemos enmendada in voce por el PSOE con un texto de sustitución en el que, además, pidieron al Gobierno de España que modifique la legislación para que se prohiban las nuevas explotaciones de especies autóctonas e invasoras «para cualquier uso». El centro de Teruel es el único de estas características en Aragón. El portavoz de Podemos, Nacho Escartín, recordó que el covid es una zoonosis, una enfermedad animal transmitida al ser humano, y alertó de que cada vez hay «más sustos» vinculados a la pérdida de biodiversidad y el hacinamiento de animales en instalaciones. «No hay que repoblar la granja, sino ir trabajando hacia la prohibición definitiva de la cría de visón americano», afirmó.
Por su parte, el diputado de IU, Álvaro Sanz, que defendió otra iniciativa relativa al mismo tema, instó al Gobierno de España a cerrar de forma definitiva todas las granjas «peleteras» de esta especie existentes en el país. En su intervención, afirmó que «este debate nos pone frente a nuestras propias contradicciones con claridad» y «si no aprovechamos los aprendizajes que nos deja esta pandemia nos estaremos equivocando», reflexionó.
Desde el PSOE, la diputada del PSOE, Silvia Gimeno, defendió que la DGA actuó «de forma inmediata» en la granja de la Puebla de Valverde ante las primeras sospechas de que pudiera ser un foco de covid. Mientras, la diputada del PAR, Esther Peirat, dijo que su grupo no apoyará «todo lo que suponga un riesgo para la salud pública», mientras que el portavoz de Vox Santiago Morón, consideró «desproporcionadas» las iniciativas desde el punto de vista sanitario y «poco oportunas» desde las perspectiva económica.
Desde CHA, el portavoz Joaquín Palacín apuntó que desde la Unión Europea «se están desmantelando» estas granjas y hay que dar «soluciones» a los propietarios. Por su parte, en representación del PP, Antonio Romero, espetó a los diputados proponentes de la iniciativa que «no les interesa ni el medio rural ni la importancia de diversificar la actividad en el territorio ni tampoco el futuro de los 14 trabajadores» de la granja. Por último, el diputado de Cs, Ramiro Domínguez, se preguntó «a qué vienen» las iniciativas de Podemos e IU y puntualizó que cerrando estas granjas se hace «un daño tremendo a la economía». más de veinte años después de la propuesta de declaración de estos Lugares de Interés Comunitario (LIC), revela un «incumplimiento reiterado» de la administración aragonesa de la normativa medioambiental, así como una «utilización abusiva» de estas figuras.
A juicio de este despacho, que destaca la existencia de expedientes de infracción tanto en España en general como en Aragón en particular, «da la impresión de que nos encontramos ante el intento de cumplimiento in extremis de una obligación en la que el gobierno aragonés aparece como moroso desde hace años».
Lamentan también sus responsables que en la «eufórica» comunicación de la aprobación de estos planes, no se haga mención por parte de la administración en cuanto a las afecciones causadas a los territorios afectados. En este sentido, el trabajo desarrollado desde el bufete trata de conseguir que los costes de conservación previstos para estos espacios incluyan, como principal condición, las indemnizaciones a los afectados por las restricciones impuestas.