El ‘exconseller’ Santi Vila pone su casa como fianza por el litigio de Sijena
La jueza estableció una cuantía de 216.000 euros por negarse a devolver las obras Hace un año la magistrada ordenó investigar la propiedad del exconsejero catalán
El exconsejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña Santi Vila presentó ayer la hipoteca de su casa de Figueras (Gerona) para constituir la fianza de 216.000 euros establecida por la magistrada titular por su presunta responsabilidad al negarse a la entrega de los bienes del monasterio de Sijena cuando estaba al frente de su departamento.
Vila se presentó ayer junto a su abogado en las dependencias del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca, que instruyó la causa judicial contra él y su sucesor en el cargo, Lluís Puig, huido de la justicia española tras el brote independentista, a instancias de la fiscalía y del representante legal del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena.
La titular del juzgado aceptó meses atrás la constitución de la fianza hipotecaria, a la vista del informe de tasación de la propiedad hecha por los peritos judiciales. En febrero del año pasado, la instructora ordenó investigar los bienes patrimoniales de Vila ante el impago de la fianza, y poco después el exresponsable político ofreció como aval su vivienda en Figueras.
Tanto Vila como Lluís Puig, que satisfizo los 88.000 euros que le reclamó como fianza la magistrada a través de la Caixa de Solidaritat de Cataluña, que se negó sin embargo a pagar la de su compañero, se enfrentan a peticiones de la fiscalía y de la acusación en nombre del ayuntamiento sijenense por desobedecer la orden judicial de entregar los bienes.
Según explicó poco después el representante legal del Ayuntamiento de Sijena, Jorge Español, el importe de las fianzas contempla tanto el pago de las multas que pudieran ser impuestas a los exconsejeros como el abono de los gastos del transporte de los bienes de el Museo de Lérida, abonados por el Gobierno aragonés, y las costas judiciales.
Los hechos enjuiciados tienen su origen en la decisión de ambos exconsejeros de no cumplir la sentencia dictada en abril del 2015 que declaraba nulas las compraventas de bienes del monasterio por la Generalitat (1983 y 1992) y por el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y ordenaba la devolución de las piezas.
USURPACIÓN DE ATRIBUCIONES Según las acusaciones, ambos consejeros incurrieron en desobediencia al negarse a devolver las piezas requeridas, pero Vila, en opinión de Español, incurrió en una supuesta usurpación de atribuciones judiciales al dictar una orden para no autorizar la salida del Museo de Lérida de los bienes que debían retornar al monasterio.
En su escrito de calificación provisional, el ministerio público tipifica los hechos como un delito de desobediencias y solicita sendas condenas de 11 meses de multa a razón de 18 euros diarios (5.940 euros). El letrado de Sijena incluye en su escrito de acusación una petición de condena de 11 meses de prisión para Vila por un presunto delito de usurpación.