Bárcenas centra la atención en el inicio del juicio contra la caja b del PP
La declaración del extesorero revelará hasta dónde quiere tirar de la manta Afirma que negoció su silencio con dirigentes de Casado, lo que el partido niega
La causa por la caja b del PP, iniciada a raíz de la contabilidad manuscrita que el extesorero del partido Luis Bárcenas entregó al juez Pablo Ruz en el 2013 –lo que se llamaron los papeles de Bárcenas– comenzará a ser juzgada hoy en la Audiencia Nacional. Pero, acorde con lo accidentada que fue su instrucción, no se sabrá hasta después de las cuestiones previas si esta misma semana conoceremos hasta dónde está dispuesto a llegar Bárcenas en la colaboración con la justicia que anunció el miércoles pasado mediante una confesión que ayer tuvo una nueva réplica de intensidad a través de los medios.
La víspera del inicio de la vista, el extesorero del PP afirmó en El Mundo que ha estado negociando su silencio «con dos personas muy vinculadas al PP actualmente». No dio nombres, pero el rotativo sostiene que una de esas personas es miembro de la junta directiva del partido. Ante la aseveración, fuentes de la actual dirección nacional del PP respondieron que la actual cúpula «nunca ha hablado con delincuentes y actuará legalmente contra cualquier infundio o calumnia de estrategias procesales que permiten mentir y difamar».
«Ese PP ya no existe y a Pablo Casado no le temblará el pulso para actuar contra cualquier militante contra el que se demuestre conductas irregulares, sea quien sea», añadieron las citadas fuentes populares. Con su confesión, Bárcenas
puso el foco sobre el juicio a la vez que dejaba negro sobre blanco lo que debía determinarse: que la reforma de la sede central del partido se pagó con dinero negro, procedente de las donaciones de empresarios al partido que querían ser adjudicatarios de obra pública, aunque esta segunda parte aún sigue en instrucción.
EL FIN DE RAJOY Llegó a ser archivada, pero se reabrió cuando en el juicio de la primera época de la Gürtel, el líder de la trama, Francisco Correa, confesó que intermediaba ante Bárcenas y su antecesor en la tesorería, el fallecido Álvaro Lapuerta, para que empresarios lograran contratos de Fomento y Medio Ambiente. La sentencia que se dictó entonces provocó la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del Gobierno.
No obstante, el tribunal todavía debe decidir si suspende la vista hasta que el exgerente del partido Cristóbal Páez, que ha dado positivo en covid, esté en condiciones de declarar o sigue adelante aprovechando que la tecnología permite seguir el juicio y declarar a distancia. Por la caja b del PP, Anticorrupción pide para Bárcenas cinco años de prisión por apropiación indebida, falsedad documental continuada y contra la Hacienda Pública. Pero las acusaciones solicitan penas muy superiores; la de IU pide 19 años y 7 meses por esos delitos y tres más.
El fiscal, además, solicita año y medio de prisión para Páez por falsedad documental y contra la Hacienda Pública, y tres años y diez meses para David Urquijo y Belén García, los responsables del estudio de arquitectura que realizó las obras en la sede central del Partido Popular y presuntamente cobraron en b.
Pero la principal diferencia entre la fiscalía y la acción popular es que la primera no acusa al PP al entender que no resultó «debidamente justificada la perpetración del delito contra la Hacienda Pública por fraude en el impuesto sobre Sociedades en el ejercicio del 2008» y que, en todo caso, se quedaría en 25.630 euros, así como que las donaciones se encuentran exentas. Las acusaciones, como IU, solicitan que sea declarado responsable civil subsidiario.
Según el fiscal Antonio Romeral, durante el tiempo en que Bárcenas y Lapuerta estuvieron al frente de la tesorería del partido, recibieron fondos en metálico de empresarios que no podían donar al partido porque se lo prohibía la ley, por lo que «del ingreso y gasto de esos caudales no se dejó constancia en la contabilidad que la formación política presentaba al Tribunal de Cuentas».
Según su escrito de acusación, el PP destinó para pagar las obras de su sede primero 664.000 euros y en el 2008, 888.000 euros; unos pagos en negro acordados por Bárcenas y Lapuerta con Urquijo, con el conocimiento de Páez. Considera a los dueños de Unifica responsables de un delito fiscal y otro de falsedad, por las facturas con las que se quisieron justificar las obras, y a los exresponsables de tesorería del partido, cooperadores en ello.
La Fiscalía no acusa en este caso a la formación política, la acción popular sí