La ley trans de Igualdad divide a los colectivos feministas en Aragón
Los partidos aprobaron con una gran mayoría un texto para evitar discriminaciones La norma del 2018 ya aborda aspectos en debate como la autodeterminación
El borrador sobre la ley que está preparando el Gobierno de España, a través del Ministerio de Igualdad que dirige Podemos, en la que se trata de garantizar nuevos derechos para el colectivo de las personas trans ha despertado una gran polémica. Desde Aragón se observa con distancia a esta marejada que formaciones como el PP o Ciudadanos consideran una pugna entre las dos formaciones que componen el Ejecutivo al tiempo que se destaca amplia mayoría que en el 2018 logró la norma autonómica sobre la identidad, expresión de género, igualdad social y no discriminación en la que ya se recogen aspectos como la libre autodeterminación de la identidad de género de toda persona.
Desde el PSOE en la comunidad recuerdan que la ley aragonesa ya regula (en los aspectos en los que se tienen competencias autonómicas) derechos como la educación, cultura, juventud, inserción social o igualdad de oportunidades y no discriminación en el empleo, entre otras. «Se aprobó en un momento en el que no existía debate normativo a nivel estatal, que recoge una regulación legal mucho más amplia y que afecta a más aspectos».
A pesar de que dicen desconocer el borrador de la polémica, se muestran convencidos de que la mejor forma de lograr la garantía de derechos para las personas transexuales «es legislar de forma prudente, segura y rigurosa».
IGUALDAD En Podemos Aragón la iniciativa que impulsa Irene Montero se lee con más interés y consideran que los socialistas han dado «un golpe de timón» respecto a lo que han dicho en las autonomías. «Apoyamos a la ministra de Igualdad en su labor para desarrollar esta norma que sirva para dejar de tratar a las personas trans como enfermas, se reconozca el derecho a la libre identificación de género, se prohiban las terapias de aversión y conversión y se reconozca, y se ponga en valor la diversidad familiar», indican.
La diputada del PP, Marian Orós es la que ve esta disputa con mayo inquietud. «No procede abrir en este momento un melón como este», asegura gráficamente al señalar que se podría recuperar un consenso como el logrado en Aragón. «Me da la sensación de que quieren banalizar algo muy transcendente», expresó en relación a que sean los propios menores los que tomen decisiones que pueden afectar a su desarrollo futuro. «Las medida aprobadas en el 2018 eran serias y con vocación de ayudar», señaló.
Una posición en la que también se incluye Ciudadanos. «Lamentamos profundamente que exista una batalla dentro del gobierno ante una cuestión de derechos, la lucha por la igualdad siempre debe unir, nunca enfrentar», destacó Sara Giménez, diputada en el Congreso de origen altoaragonés.
En su caso lamenta que no se puede enmascarar en «pugnas internas» avances necesarios para muchos colectivos, algo que ya figura en el borrador legislativo que ellos han propuesto frente a los argumentos tránsfobos que han detectado entre las personas que rechazan la ley.
Todos piden centrar los términos del debate para garantizar el consenso. Es lo que señaló el portavoz del PAR, Jesús Guerrero. «Es una ley de gran trascendencia social que requiere hilar muy fino, por eso algunas de las cuestiones que se están planteando nos producen desconfianza», manifestó. Como sucede con el PP y Ciudadanos creen que la adolescencia es una edad complicada para abordar decisiones que pueden ser definitivas.
Por parte de CHA las cosas se ven de otro modo, con más confianza en las personas que deciden abordar un cambio de esta trascendencia. «La ley en la que se está trabajando tiene que complementar los derechos a los que no llega la ley autonómica, recogiendo el derecho a la autodeterminación de género sin que sean necesarios diagnósticos médicos», destacan. La situación es clara, según la diputada Carmen Martínez: «Se tienen que garantizar los derechos de todo el colectivo y para eso a veces es necesario olvidar los intereses partidistas».
El portavoz de IU, Álvaro Sanz, coincide en estas apreciaciones. «Se está haciendo mucho ruido interesado en torno a una norma que desarrolla lo que ya tienen aprobados muchas comunidades como la nuestra, es necesario dejar de tratar a las personas trans como enfermas», asegura. La defensa es rotunda.
«Nuestra organización defiende los derechos humanos a quienes son más vulnerables y lo hace desde una visión feminista para no excluir a ninguna persona agredida, oprimida y silenciada por la estructura patriarcal», destacó.