La justicia levanta el cierre de los bares en el País Vasco
La hostelería española exige 8.500 millones en ayudas directas e inmediatas El sector advierte al Gobierno de que «si se produce un daño, hay que indemnizarlo» Página 36 a 38
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) aceptó cautelarmente la petición de las asociaciones de hostelería de permitir reabrir bares y restaurantes de los municipios que se encuentren en zona roja por la elevada tasa de contagios por covid-19 (500 contagios por 100.000 habitantes). El Gobierno vasco decretó hace días su cierre para combatir la tercera ola de la epidemia, que está en fase de contención (621 casos notificados el lunes) pero con un importante problema de presión hospitalaria en las ucis, donde seis de cada diez pacientes están infectados de coronavirus.
En un auto de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJPV, los jueces dan un duro revés al Gobierno vasco y se ponen del lado de los hosteleros. Eso sí, la reapertura –prevista para hoy mismo– podrá dar marcha atrás si la situación sanitaria empeora.
Con el beneplácito judicial, los locales podrán llenar al 100% las terrazas, un porcentaje que se reduce a la mitad en las mesas del interior.
Mientras, los representantes de las principales asociaciones del sector hostelero rompieron ayer varios platos contra el suelo ante el Ministerio de Hacienda en un acto simbólico para decir «basta» a la falta de ayudas directas del Gobierno. «Basta de ser los paganos de los platos rotos de la crisis del coronavirus», señaló el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel. Una protesta que se replicó en otras zonas de España con el objetivo de poner en marcha unas ayudas tan reclamadas por el sector. Según las cifras de esta patronal, desde el inicio de la crisis han cerrado 85.000 establecimientos ante una caída de la facturación media del 50% respecto a 2019, unos 70.000 millones menos de ingresos. Por ello, llevan meses reclamando ayudas directas por un total de 8.500 millones de euros para dar oxígeno a un sector que se desangra por las restricciones a la actividad derivadas del coronavirus. «Podemos llegar a entender que se esté actuando por el interés general, por luchar contra la pandemia, pero aunque sea por el interés general, si se produce un daño hay que indemnizarlo», expuso el secretario general de la patronal, Emilio Gallego.