El Justicia ve legal la línea 900 pero apela a la gestión directa del servicio
Insta al consistorio zaragozano a que defina sus funciones, limitadas a dar citas Los trabajadores sociales reclaman que toda la atención sea exclusivamente pública
El Justicia de Aragón se ha pronunciado sobre la polémica surgida entorno a la línea de atención telefónica 900 que puso en marcha el área de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza durante el confinamiento. Tras la queja presentada por el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, Ángel Dolado concluye que la externalización o privatización de este servicio es legal siempre que se limite a realizar una función de call center, tramitando las citas previas, y «no asuma funciones de información, gestión de evaluación, valoración, orientación y diagnóstico», un trabajo que queda «normativamente reservado» para los empleados públicos y especializados, y que los llevan meses denunciando que es lo que sucede. Sin embargo, sí que menciona en varias ocasiones que es preferible que este tipo de atención se realice de forma directa.
El informe del Justicia dio lugar a interpretaciones de lo más dispares. El equipo de Gobierno de PP-Cs celebró que el representante del pueblo avalaba la línea 900 y los trabajadores sociales (y grupos de la oposición) que criticase su externalización e instase al ayuntamiento a una gestión directa y pública de la atención social.
«El Justicia deja en evidencia que este instrumento de cita previa es perfectamente válido y legal, que ha ayudado a miles de familias y que va a seguir haciéndolo», declaró el concejal de Acción Social, Ángel Lorén, mientras varios empleados se manifestaban a las puertas del centro municipal del Actur.
Como ya han hecho en otras instalaciones, se concentraron para denunciar que esta ocurriendo lo que el representante del pueblo dice que, en ningún caso, puede suceder, y es que los empleados de la línea 900 asuman tareas que no les corresponden, sus funciones de trabajadores sociales. «Constata el incumplimiento de la legislación en materia de Servicios Sociales», expresaron desde el colegio de profesionales, que volvió a solicitar que se cancele el servicio telefónico.
El Justicia hace mención a Ley 5/2009 de Servicios Sociales que «garantiza el derecho universal de acceso a los servicios sociales» y que, matiza, admite «con ciertas condiciones, la participación y colaboración de la iniciativa privada». Menciona que esta norma «otorga a este servicio de atención social el carácter de prestación esencial» y alude a que determinados servicios deben prestarse desde lo público, como «los de información, gestión, evaluación, valoración y diagnóstico, tanto básico como especializado».
Desde el equipo de Gobierno de PP-Cs aseguran que estas funciones están reservadas parar los trabajadores sociales, aunque estos los niegan y aseguran que gestionan servicios que no les corresponden.
En su informe insiste en varias ocasiones en que la Administración tiene la «obligación» de dotar a los centros de personal para la prestación «directa» de los servicios sociales. Así, resume que la línea 900 solo podría servir para ejercer de call center y concretar las citas previas con los profesionales.
En cualquier caso, el Justicia insta al consistorio a aclarar y detallar las funciones que debe desempeñar la línea 900.
Por otro lado, recuerda que el ayuntamiento todavía no ha aprobado el Reglamento de Centros Municipales de Servicios Sociales como dicta la norma autonómica. Fuentes municipales aseguraron que ya se está trabajando. imprescindible interrumpir el suministro de agua a los barrios rurales de Casetas y Garrapinillos y al municipio de Utebo durante un periodo de tiempo que podría alcanzar las 72 horas.
A lo largo de la mañana del lunes comenzarán los trabajos previos de señalización y demolición de pavimentos y el suministro de agua se interrumpirá a las 15.00 horas. En el caso de los dos barrios rurales, el ayuntamiento dispondrá dos camiones cisterna con agua potable que se ubicarán en el entorno de las plaza del Castillo (Casetas) y España (Garrapinillos). Estarán operativos en horario de mañana y tarde mientras dure el corte. Además se van a instalar ocho depósitos de agua no potable.