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La situación generada por la pandemia ha servido a la extrema derecha portuguesa para estigmatizar al grupo acusándole de saltarse las normas
En el ventanal de la asociación Techari hay colgadas tres banderas que apenas permiten ver desde la calle lo que hay en el interior: la portuguesa, la de las Naciones Unidas y la gitana. «Yo fui de los primeros en traer nuestra bandera a Portugal», dice con orgullo José Fernandes, el presidente de la asociación y destacado miembro de la comunidad gitana en el municipio de Loures, a las afueras de Lisboa. En esta misma localidad de clase trabajadora, el actual líder del partido ultraderechista Chega, André Ventura, fue concejal entre el 2017 y el 2018. El arma electoral que usó entonces fue la misma que ahora: el discurso beligerante contra la comunidad gitana, a la que acusa de vivir a costa del resto de portugueses.
En el interior del local el mobiliario es austero. Es aquí donde Fernandes trata de combatir la discriminación histórica que sufre su comunidad y que, ahora, corre el peligro de expandirse. «Ventura nos acusa de vivir de los subsidios y de no querer trabajar, pero lo cierto es que no nos dan la oportunidad. Es muy difícil para un gitano obtener un empleo», lamenta Fernandes, quien asegura que el estigma obliga a muchas personas a ocultar su origen para acceder a trabajos cualificados.
La elevada tasa de desempleo entre la población gitana, sin embargo, puede llevar a engaño, según la socióloga Manuela Mendes, investigadora del Instituto Universitario de Lisboa y coautora del último estudio nacional sobre los gitanos en Portugal. «En nuestro estudio comprobamos que un porcentaje importante de personas gitanas trabajan por cuenta propia y muchas veces fuera del mercado formal», asegura Mendes para desmentir las acusaciones del líder de ultraderecha. En cuanto al acceso a subvenciones, los últimos datos muestran que menos de un 6% de los beneficiarios de la Renta Social de Inserción (RSI) son de etnia gitana.
Discriminación y acoso
A pesar de los datos, Ventura insiste en el uso del concepto subsidiodependencia y en la señalización de los gitanos como una comunidad que evita la «integración de forma deliberada». En agosto del 2020, el líder ultra fue multado (( por escribir en una red social que «el 90% de los gitanos viven de otras cosas que no son su propio trabajo», algo que la Comisión determinó como un acto de «discriminación y acoso por origen étnico». planta de Isfahan. Irán no tiene ningún uso creíble para fines civiles de ese metal de uranio. La producción de este material tiene, potencialmente, implicaciones militares graves», ha dicho el jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU, Rafael Grossi.
Aunque el metal de uranio puede ser, en teoría, usado para generar energía eléctrica, su uso quedó absolutamente restringido en el acuerdo nuclear del 2015, ya que este componente es esencial para la construcción de la bomba nuclear. Irán tenía terminantemente prohibido producirlo.
Pero el acuerdo, firmado además de por Irán y EEUU, por Francia, Gran Bretaña, Alemania, Rusia y China –con la UE de mediadora– empezó a morir en el 2018, cuando el presidente de EEUU, Donald Trump, decidió retirarse del acuerdo. El pacto se rompió en el 2019 cuando Teherán superó el límite de enriquecimiento de uranio en un 3,67%.