División republicana
El impeachment contra Donald Trump avanza en el Senado entre la contundencia del pliego de cargos por incitación a la insurgencia elaborado por el Partido Demócrata, la realidad incontrovertible de las palabras incendiarias del aún presidente seguidas de las imágenes del asalto al Capitolio de Washington y la insuficiencia de votos para inhabilitarlo. Es poco menos que imposible que el número de senadores republicanos dispuestos a condenar a Trump vaya más allá de los seis que apoyaron el procesamiento político –se precisan 17– y es asimismo difícil de imaginar que surtan efecto las pruebas presentadas por la acusación.
La realidad es que para muchos senadores republicanos el dato definitivo para oponerse a la condena es este: según las encuestas, dos tercios de los votantes de su partido siguen creyendo que Trump fue víctima de un fraude electoral a gran escala, y no están dispuestos a remar contra corriente. Para otros muchos, el fraude cometido el 3 de noviembre no admite discusión y, al mismo tiempo, ven en Trump al único líder capaz de recuperar la Casa Blanca para el partido. Es decir, que ante la evidencia de que dentro del partido es muy poderosa la corriente que lo apoya falta voluntad política para cercenar el futuro de Trump como presidenciable, pues ese sería el efecto práctico más evidente de culminar un hipotético impeachment.
La discusión sobre la constitucionalidad o no del procedimiento, habida cuenta de que Trump dejó la presidencia el 20 de enero, no es más que una cortina de humo o coartada para justificar su posición y no entrar a juzgar la conducta del procesado. De hecho, varios integrantes del primer equipo de abogados que debía ocuparse de la defensa del expresidente dimitieron a finales de enero porque pretendían basar sus argumentos en la anticonstitucionalidad del impeachment y Trump, en cambio, quería que el argumento definitivo fuese que las protestas las desencadenó el fraude electoral, por lo demás inexistente, como cabe deducir de las 60 denuncias rechazadas por los tribunales en las cuatro esquinas del Estados Unidos.
Añádanse a todo ello las biografías de los dos letrados que representan a Trump, abogados de causas moralmente reprobables –uno de ellos defendió al Ku Klux Klan–, y se entenderá aún más la incomodidad del conservadurismo moderado. No es ninguna exageración decir que el Partido
Republicano saldrá de la prueba del impeachment más dividido de lo que salió del espectáculo ofrecido por la Casa Blanca desde el momento en que se negó a reconocer la derrota. Hay en sus filas un sentimiento de desorientación y de falta de liderazgo que alimenta toda clase de malos augurios, desde la sumisión a los designios de Trump al riesgo de que, en caso contrario, considere seriamente la fundación de un nuevo partido o movimiento que reclute al grueso de quienes le votaron en 2016 y en 2020.
Pocas dudas hay en cuanto a la imposibilidad de suavizar la factura social y sanear el clima político mientras Trump siga al frente de las operaciones de un populismo ultraconservador. Pero si ni siquiera el riesgo cierto que corrieron los legisladores el día del asalto ha sido suficiente para apoyar el impeachment, cabe preguntarse qué hace falta para que la opinión republicana dominante sea que Trump es un personaje peligroso para el partido y para el país.