Denunciadas 29 personas en Huesca por la celebración del carnaval
Agentes de la Policía Nacional denunciaron durante el pasado fin de semana en la ciudad de Huesca a 29 personas que tomaban parte en fiestas ilegales de carnaval en domicilios particulares. Según informa la Dirección General de Policía, los asistentes a estas fiestas incumplían las restricciones establecidas contra la covid19 en relación a la distancia social, el número máximo de personas reunidas o al uso de las mascarillas. Uno de los participantes en una de las fiestas ilegales detectadas trató de huir sin éxito de los agentes trepando por el enrejado del portal del inmueble, pero no pudo evitar ser identificado. Las fuentes citadas señalan que los infractores podrían enfrentarse a sanciones que podrían alcanzar un importe máximo de 60.000 euros.
Por otro lado, la comisión especial que el Ayuntamiento de Alcañiz convocó ayer para investigar si en el cámping municipal de la Estanca se celebró una fiesta ilegal la pasada Nochevieja concluyó, por unanimidad, que no se realizó ningún acto lúdico en las instalaciones y que las noticias aparecidas al respecto en las redes sociales eran falsas. Así lo comunicaron en un escrito en el que se considera que la documentación remitida por la empresa que gestiona el recinto confirma que las instalaciones municipales aplicaron unos protocolos anticovid «eficaces», tanto a nivel procedimental como de limitación de aforos. El órgano consultivo explicó que la empresa gestora aportó el protocolo aplicable a las entradas y a las normas sanitarias.
vé que las salas de lo contenciosoadministrativo avalen con carácter previo las resoluciones en materia de salud pública que adoptan los Ejecutivos autonómicos.
Fue el 4 de diciembre cuando se informo por parte del TSJA de la presentación de la cuestión de inconstitucionalidad al considerar que vulnera la separación de poderes, ya que entendían que su institución debe decidir sobre la conformidad de estas medidas solo después de que tenga lugar el procedimiento oportuno y se haya estudiado a fondo el expediente y los motivos y pretensiones de los ciudadanos que lo recurren.