<<Avalancha>> de consultas
Las entidades de defensa de los usuarios constatan la vulnerabilidad en internet
La atención a los consumidores se ha complicado en la pandemia. Al menos así lo constatan las principales entidades de defensa de sus derechos en la comunidad, tras un 2020 en la que también han visto como sus oficinas tenían que cerrar y optar por la asesoría telemática. Una complicación para todo el mundo que no le s ha impedido alzar la voz ante las prácticas abusivas en algunos sectores, como son el turismo o la banca. «Nos hemos tenido que volcar en los teléfonos», reconoce el presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas, Productos Financieros y de Seguros, Adicae, Manuel Pardo.
En el sector en el que trabajan recibieron en el 2020 más de 8000 quejas. «Un gran incremento tras la cantidad de llamadas que hemos recibido», destacó el responsable de esta entidad. Solo en la provincia de Zaragoza han visto como aumentaban las dudas por el comercio electrónico (a 1390 quejas) y por la irrupción de nuevos servicios «poco regulados» en la banca «Tendrían que someterse a inspecciones como pasa con cualquier tienda», destacó.
Según los datos aportados por la entidad, un buen número de las personas que acuden a esta entidad supera los 65 años y en la horquilla de entre 53 y 65 años estaban 2.560 consultas de las 8.132 totales. «Las personas mayores son más vulnerables antes los fraudes en internet», reconoció el presidente de Adicae.
Una impresión que han detectado también en la OCU . Y a pesar de una situación que ven «catastrófica» para los derechos de los usuarios lamentan que se han tenido que enfrentar «casi sin apoyos» a una avalancha de consultas y quejas. La presidenta, Fernanda Blanco, manifestó que el punto de inflexión fue la aprobación del decreto de junio que permitió esclarecer qué pasaba con el dinero adelantado en algunos servicios turísticos.
Administración cerrada
«La propia Administración pública cerró durante la pandemia muchos cauces y ofreció pocas facilidades a los consumidores», lamentó Blanco, una situación que se ha ido normalizando con el tiempo, a pesar de que se están retrasando en las subvenciones que deberían haber recibido. Algo muy importante para desarrollar su labor al no poder cerrar convenios con empresas privadas para evitar conflictos de intereses.
De cara a los próximos meses destacan que es necesario mantenerse vigilantes. «Ni consumidores ni empresarios son responsables de esta situación tan injusta que estamos viviendo, pero no se puede pretender que sea el consumidor final el que sufrague el coste económico que ello supone», aseguran al indicar que las restricciones que marca el covid no pueden ser una excusa para la pérdida de derechos.
«Como consumidores y usuarios nos asisten unos derechos a los que no tenemos que renunciar aunque nos encontremos en estado de alerta, en el plazo de 14 días desde la imposibilidad de ejecución del contrato, tenemos derecho a resolverlo recuperando el importe satisfecho», recuerdan.