Aprobado por solo cinco votos el nuevo complemento de maternidad
El Pleno del Congreso convalidó por una diferencia mínima de cinco votos, con el apoyo de Junts per Catalunya y la abstención de ERC y Bildu, el Real Decreto-ley por el que se aprueba un nuevo complemento a la pensión por maternidad y por el que se facilita el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) de colectivos vulnerables como personas sin hogar o temporeros, entre otras medidas relacionadas con los ámbitos de la Seguridad Social y económico.
El Real Decreto fue convalidado con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, JuntsxCat, Más País, Compromís, el BNG, Coalición Canaria, Teruel Existe, el voto en contra de PP, VOX, Ciudadanos, PNV, UPN, PDeCAT, la CUP, y la abstención de ERC y EH Bildu. En total, 168 a favor, 163 en contra y 16 abstenciones. El Congreso también votó a favor de tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
«Se trata de una política más generosa, más progresiva y mejor diseñada para corregir la brecha de género en las pensiones
La derecha critica que las familias numerosas perderán ingresos
en el medio y largo plazo. Con un incremento en el presupuesto adicional de 40 millones, ampliamos en un 30% el número de beneficiarias y concentramos el efecto en las rentas más bajas», defendió el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Ante algunas «voces críticas» que afirman que es «una medida poco contributiva», el ministro precisó que «es así» y que «no será financiada con las cotizaciones sociales sino con los Presupuestos Generales del Estado». «Es una política legítima que sale de las arcas del Estado y por eso, su carácter redistributivo en primer lugar», defendió, entre aplausos.
Sin embargo, el diputado del PP Tomás Cabezón expresó la oposición de su grupo al Real Decreto porque, a su juicio, «esconde un recorte sin precedentes», pues las madres con 2 hijos y una pensión de 1.100 euros tendrán «400 euros menos de pensión». también perjudicaría a las familias numerosas, críticas que compartieron Vox y Cs. Otros, como ERC o PDeCAT, critican la tramitación como Real Decreto.