«Al salir el plan no me lo pensé, y estoy contentísima»

Ana De Buen es una de las primeras trabajadoras del plan Remonta. Vecina de Canfranc desde hace cinco años, es madre de una niña de dos años y solía trabajar en invierno en la cafetería de la estación de Astún, que este año solo ha contratado a cinco de sus 30 trabajadores habituales. «Al salir el plan, no me lo pensé. Vi que cumplía los requisitos y me presenté. Estoy trabajando como auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Canfranc, de momento aprendiendo el funcionamiento del ayuntamiento y ayudando en todo lo que puedo a mis compañeros», explica. Es el caso de muchos, que con el plan Remonta adaptan sus perfiles profesionales a las necesidades de los consistorios, que son sus empleadores.

De Buen combinaba antes de la pandemia el trabajo en las pistas en invierno con el de la cafetería de un hotel que este año no abrió en verano. A ello se suma las dificultades para contactar con el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE): «Desde noviembre, no sé nada del SEPE. No sabía si me correspondía alguna prestación o no; no ha habido manera de tener una respuesta», lamentaba. Por eso, afirma que está «contentísima» con su nuevo empleo. «Teníamos miedo. Después de muchos meses de incertidumbre, de cambios constantes sobre si ibas a trabajar, o no, y sabiendo que los ingresos del invierno son la clave de todo el año...Era una situación muy complicada», reconoce.

Esta semana también ha sido la primera de trabajo para Susana Betrán, natural de Villanúa, que se encontraba en paro desde septiembre y ahora realiza labores de acompañamiento a los mayores de la localidad, un nuevo proyecto impulsado por el ayuntamiento para luchar contra la soledad y ensalzar su experiencia. «Soy restauradora de patrimonio, pero trabajo como fija discontinua cada invierno en una empresa familiar de hostelería, un bar y un alquiler de esquís, que este año no ha abierto», explica. «Todos nos hemos visto perjudicados por la pandemia, y por suerte mi hermano me habló de este plan, y yo cumplía los requisitos», señala.

En su caso, además, le permite hacer una labor social. «Los abuelos son joyas que tenemos que cuidar. Este programa era muy necesario en Villanúa para acompañar a los mayores y estoy muy contenta de trabajar en una actividad así», asegura. pueden dar trabajo a los 75 solicitantes, por lo que van a destinar «120.000 euros en ayudas directas, unos 500 euros al mes para cada solicitante, porque ahora no tenemos capacidad de darles trabajo».

En Jaca recibieron más de 200 inscripciones y esperan invertir 260.000 euros, una cuantía que, sumada a las de la DGA y la DPH, elevará la inversión hasta un millón. «Entre el lunes y miércoles de la semana que viene se hará una selección de unas 100 personas, cuyos perfiles enviaremos al INAEM para ratificar si cumplen o no los requisitos», explica Olvido Moratinos, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Jaca. El objetivo es que se incorporen de manera escalonada desde la primera quincena de marzo a labores como el mantenimiento, turismo, o medio ambiente. «Habrá 20 informadores medioambientales para explicar cómo gestionar residuos o la movilidad sostenible», manifestó Moratinos.

En Benasque las cosas también van más despacio. El Ayuntamiento ha recibido 147 solicitudes, pero solo podrán dar trabajo a entre 30 y 40 personas. Ignacio Abadías, su alcalde, explica que la intención es iniciar los contratos a 1 de marzo, y han reservado una partida de 150.000 euros. En Gúdar Javalambre, localidades como Mora de Rubielos tienen menos de diez inscritos. Su alcalde, Hugo Arquímedes, explica que esto «refleja que el tejido empresarial es fuerte porque no hay mucha gente sin ingresos» y añade que iniciarán la contratación esta semana.

Por otro lado, desde la Coordinadora de Vivienda de Aragón reclamaron el cese de la directora general de Vivienda del Gobierno de Aragón, Verónica Villagrasa, por el «fracaso», denuncian, en la gestión de las ayudas al alquiler covid. A la falta de explicaciones «convincentes» sobre la gestión de las ayudas y los retrasos, la Coordinadora denuncia que se suman «la nula voluntad política de aplicar y desarrollar la Ley 10/2016, la inacción para proveer de alternativa habitacional a familias vulnerables en riesgo de desahucio y la desaparición práctica de la mediación en materia de vivienda».

El «hartazgo es mayor», aseguran, cuando «diferentes colectivos de esta coordinadora ya trasladaron en diversas reuniones con la consejería, la primera de ellas en verano, su preocupación ante la demora en la tramitación de las ayudas.

Pese a la palabra dada por la directora general, los peores augurios se han hecho realidad, viendo los pírricos números de solicitudes concedidas ocho meses después de la convocatoria».