La moratoria de concursos de acreedores podría ser ampliada
Economía lo baraja para tener más tiempo para dar ayudas directas y cambiar la ley concursal La CEOE y la banca lo piden y lo apoya el Banco de España para evitar suspensiones de pagos
El Gobierno y el sector financiero siguen enfrentados por los créditos ICO
El cambio legal pretende que estos procesos no aboquen a desaparecer
El Gobierno está sopesando ampliar la moratoria de los concursos de acreedores forzosos más allá del 14 de marzo, según confirman varias fuentes a este diario. La medida, reclamada por la patronal CEOE y por la banca y apoyada por el Banco de España, buscaría evitar una oleada de suspensiones de pagos de empresas a partir de esa fecha que se lleve por delante por igual a compañías viables con problemas puntuales a causa de la pandemia, a las que se quiere apoyar, y a firmas estructuralmente inviables o zombies.
Se trataría de dar tiempo para desplegar dos de las iniciativas que ultima el Ejecutivo: por un lado el nuevo marco de apoyo a empresas con reestructuraciones de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y ayudas directas, que aspira a aprobar en marzo con el visto bueno de la Comisión Europea, y por otro la reforma de la ley concursal para agilizar estos procesos y evitar que aboquen a la mayoría de compañías a la desaparición.
VOLUNTARIO $ Normalmente las empresas están obligadas a instar su concurso de acreedores voluntario en los dos meses posteriores a caer en insolvencia, es decir, de llevar tres meses sin pagar impuestos, contribuciones a la Seguridad Social o salarios. También lo pueden reclamar los acreedores (concurso necesario). La pasada primavera, el Gobierno dio luz verde a la suspensión de dicho deber de solicitar la declaración de concurso, así como a la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes de concurso por los acreedores. La medida, prorrogada en noviembre hasta el próximo 14 de marzo, implica que el inicio de los concursos depende ahora básicamente de la voluntad de las propias empresas.
«Tenemos que analizar si es conveniente alargarlo o si eso no puede suponer un elemento mayor de incertidumbre con respecto a la situación de las empresas. Las próximas semanas, en paralelo con ese trabajo técnico de apoyo a la solvencia empresarial, tendremos que tomar decisiones en ese sentido. Pero la prioridad no tiene que ser retrasar el desencadenamiento de los procesos concursales. Lo que tenemos que evitar es que las empresas lleguen a esa situación. Nuestro énfasis y nuestra prioridad en estos momentos es ver cuáles pueden ser los instrumentos que nos permitan reforzar la solvencia de las empresas que tienen viabilidad a medio plazo, que eran solventes, y cuyo desequilibrio patrimonial viene generado por una situación extraordinaria y transitoria como es la de la pandemia», apuntó la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en un acto del Cercle d’Economía catalán la semana pasada.
El Gobierno todavía no se ha comprometido a ampliar dicha moratoria, pero ha transmitido a sus interlocutores que se está planteando seriamente hacerlo, según aseguran fuentes empresariales y bancarias. La medida tiene una doble cara. La negativa, como destacó el Banco de España el pasado noviembre, es que implica la supervivencia de empresas zombies, lo que «reduce los beneficios del resto de las empresas y disminuye la inversión y el crecimiento del empleo».
Además, se acumularán los casos de insolvencia cuando finalmente se levante la moratoria (los juzgados de lo mercantil ya se están preparando para una avalancha) y dichas compañías habrán tenido más tiempo para consumir sus recursos, con lo que quedarán menos con los que saldar sus deudas durante el concurso.
MÁS MARGEN $ La cara positiva, que es la que prima, es que dará más tiempo para que las empresas viables en dificultades reciban los apoyos públicos que se preparan y para incorporar a la legislación española una directiva europea que busca mejorar los concursos.
En el primero de estos campos, las posiciones del Gobierno y los bancos para crear un marco de reestructuración de los créditos ICO siguen muy alejadas. El Ejecutivo quiere impulsar quitas en dichos préstamos cuya pérdida se reparta equitativamente entre el Estado y la banca (el aval público cubre entre el 70% y el 80%). «Está claro que en esta nueva fase es imprescindible que los bancos sigan siendo parte de la solución», les lanzó Calviño el lunes.
El Ejecutivo entiende que los bancos se están beneficiando de dichos créditos (tienen un tipo medio de en torno al 2%, con lo que suponen unos ingresos anuales para el sector de entre 2.500 y 3.000 millones de euros al año) y quiere lanzar el mensaje político de que asumirán parte del coste. Pero las entidades argumentan que se penalizaría a las compañías sin créditos ICO (estos suponen entre el 20% y el 25% de los préstamos empresariales totales), reclaman poder decidir caso a caso si conviene o no conceder una quita de su parte del crédito, e instan a aprobar ayudas directas.