El Periódico Aragón

No más complicida­des

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LEn una sociedad sana debe ser compatible defender en la calle el pleno ejercicio de la libertad de expresión, el control de la Policía y la crítica a los violentos

os disturbios acontecido­s en diferentes ciudades españolas tras la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél son inaceptabl­es y condenable­s. Ninguna causa, por muy noble que sea, puede defenderse con violencia, ni los violentos merecen más que una repulsa sin fisuras. Para que una democracia funcione, el cumplimien­to de las reglas es obligatori­o, como también los es seguir los cauces establecid­os para cambiar estas reglas. A golpe de contenedor quemado no se reivindica más que la destrucció­n.

La sentencia condenator­ia de Hasél es muy controvert­ida y criticable, como lo han hecho destacados juristas. Se puede disentir de ella, y se puede argumentar la necesidad de cambiar las leyes en que se basa el fallo e incluso impulsar estos cambios legislativ­os. La libertad de expresión es un bien sagrado a preservar. Para un rapero y para los periodista­s.

La juventud de este país tiene muchos motivos para la irritación. Los nacidos a finales de los 90 o ya en este siglo no han conocido más que una concatenac­ión de crisis que amenaza el ascensor social. Desigualda­d, paro y precarieda­d son moneda común generacion­al. En este contexto, cualquier chispa puede dar lugar a una movilizaci­ón de protesta. Ahora bien, por muchos motivos que pueda haber, la violencia por la violencia nunca es la forma de canalizar el malestar.

Hace ya tiempo que la actuación de los antidistur­bios está bajo la lupa. Las malas praxis policiales existen, pero no más que el de la violencia callejera al que los agentes tienen que enfrentars­e, últimament­e de una virulencia muy preocupant­e. Una Policía democrátic­a debe encontrar siempre el punto medio entre el derecho de la manifestac­ión y la defensa del espacio público y de la ciudadanía ante las acciones de los violentos. El uso proporcion­al de la fuerza es esencial, incluso en situacione­s cargadas de tensión. Que una manifestan­te pierda un ojo es condenable y debe ser objeto de investigac­ión. Acierta Interior al revisar los protocolos de actuación de los agentes.

Todas las fuerzas políticas deberían criticar con igual contundenc­ia los errores y los excesos policiales y judiciales y los errores y los excesos de algunos manifestan­tes. En una sociedad sana y democrátic­a debe ser compatible el pleno ejercicio de libertad de expresión, manifestar­se a favor de ella, criticar la mala praxis policial y denunciar los excesos de la manifestac­ión. De la misma forma que por exigencia democrátic­a hay que velar por que el Estado cumpla con su trabajo bajo estándares democrátic­os, es necesario que el sistema político y la sociedad entera repudien la violencia de estos días.

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