Andorra ha captado 43 millones de euros en ayudas desde que está Ribera en el ministerio
La ministra promete crear al menos 504 empleos, los mismos que se perdieron en las minas y la térmica Garantiza el futuro de la zona con un convenio de transición justa «de acciones y no de intenciones»
El convenio de transición justa de Andorra no acaba de ver la luz por diferentes vicisitudes, pero el Gobierno de España no ha estado de brazos cruzados ante la crisis que sufre la zona por el fin de la industria del carbón, que era su principal sustento económico y laboral. Este es el mensaje que trató de lanzar ayer la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, durante su comparecencia en el Senado por una interpelación formulada por Teruel Existe. Apoyó su tesis en datos y en un repaso de las actuaciones llevadas a cabo desde que, en junio del 2018, se puso al frente de la cartera energética y medioambiental. Han pasado ya dos años y medio de ello y, desde entonces, se han concedido 43 millones de euros en ayudas a la villa minera y 33 municipios de su entorno para paliar el impacto socioeconómico de la descarbonización, unos fondos que ayudarán, dijo, a crear 294 empleos y a mantener 338 puestos de trabajo.
La cifra incluye las ayudas directas de 12,4 millones destinadas a trabajadores de la minería, en concepto de prejubilaciones y bajas incentivadas, y la formación en desmantelamiento realizada por Endesa en colaboración con organizaciones sindicales, la DGA y el Ayuntamiento de Andocuantía En los cursos han participado 150 trabajadores directos y de empresas auxiliares de la térmica de carbón, que se cerró hace ya siete meses, y hay programadas dos nuevas ediciones.
Otra parte importante de la se ha destinado a las tareas de clausura y restauración. Las empresas mineras aragonesas —Samca, fundamentalmente— han recibido ayudas por un importe de 18 millones de euros, que «contribuyen a mantener 119 empleos en el periodo 20192022», apuntó. La cifra podría aumentar si se resuelve favorablemente la solicitud de ayuda a una empresa local que la solicitó en la convocatoria que terminó el pasado 21 de diciembre.
El tercer pilar de las ayudas destinadas a la zona corresponde a los 12 millones de euros que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) concedió a finales del pasado año a los municipios aragoneses afectados por el cierre de las minas, que permitirán financiar el 75% de 24 proyectos de infraestructuras que movilizarán inversiones por valor de 16,1 millones de euros y crearán 211 puestos de trabajo. El 25% restante (4,1 millones) lo aporta la DGA. En este caso, se trata de unos fondos que ya venían contemplados en el plan del Carbón 2013-2018, pero que el Ejecutivo de Mariano Rajoy dejó sin ejecutar y han estado a punto de perderse.
PRÓXIMOS PASOS Por otra parte, la vicepresidenta Ribera reafirmó el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la transición justa de las comarcas del norte de Teruel afectadas por el cierre de la térmica de Andorra, en lo que definió «un esfuerzo colectivo sin precedentes para crear y fijar empleo, atraer inverrra.