La insolvencia de Abengoa desata una auténtica batalla política
El Gobierno culpa a la Junta de Andalucía y a la banca de la caída de la compañía Se trata del segundo mayor concurso de acreedores de la historia
Con una deuda de 6.000 millones de euros Abengoa afronta el concurso de acreedores y, una nueva etapa de incertidumbre, la tercera ya, mientras que políticamente se reparten las culpas sobre quién ha dejado caer a la empresa sevillana de ingeniería y energías renovables, que no ha sido capaz de poner de acuerdo a sus accionistas sobre el plan de refinanciación que había de sacar a la compañía de su última crisis. La firma protagoniza la segunda mayor insolvencia de la historia española después de la de Martinsa-Fadesa, que en el 2008 declaró una deuda de 7.000 millones de euros.
Abengoa llega a este tercer traspié –en el 2015 se declaró por primera vez en preconcurso, con una deuda de 20.000 millones, y en el 2018 fue el segundo tropiezo del cual no ha podido salir aún– al no sacar adelante el último plan de salvación que había de procurar una inyección de 550 millones de euros entre créditos y avales. La
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) debía aportar 300 millones en avales, mientras que los 250 restantes se repartían en 180 millones prestados por la banca acreedora y avalados por el ICO, 50 millones en un crédito del ICO y 20 millones que aportaría la Junta de Andalucía. Pero el crédito municipal no llegó a aprobarse por parte de la Junta, a quien se señala como causante del desenlace en la insolvencia.
La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, defendió ayer que el Gobierno de España ha hecho «sus deberes y tareas» para ayudar a mantener la viabilidad de Abengoa. Aseguró que son otros de los participantes en el rescate, como la banca y la Junta de Andalucía, los que tienen «que explicar por qué no han estado en ese mismo grado de compromiso» que ha llevado a la compañía a solicitar el concurso voluntario de acreedores.
De hecho, la Junta no ha aportado la ayuda solicitada y los acreedores, encabezados por el Banco Santander y KKR, no ha sacado adelante su plan. Accedieron a inyectar 230 millones a cambio de quedarse con la mayoría de los activos. Un acuerdo que fue rechazado frontalmente por una parte de sus accionistas, que consiguieron expulsar al consejo de administración y tratan de dar otro golpe de mano en una junta de accionistas convocada para el 4 de marzo.
María Jesús Montero subrayó, en rueda de prensa, que el Gobierno ha apoyado «en todo momento» a Abengoa y siempre ha «tendido la mano» a la compañía para «llevar a buen puerto una difícil situación» agravada por la crisis del covid-19.