El Periódico Aragón

El PP insta a la DGA a que negocie antes de suprimir los trenes

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La polémica por la decisión del Gobierno de Aragón de dejar de financiar los trenes regionales se mantiene viva pese a que el Ejecutivo regional ha decidido posponer su decisión dos meses. Un tiempo que para el PP es crucial y por eso instó ayer al consejero de Vertebraci­ón del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno aragonés, José Luis Soro, a que «negocie antes de cerrar los trenes» de Teruel-Caudiel (Valencia), Huesca-Jaca, Caspe-Fayón y Zaragoza-Lérida.

Teniendo en cuenta que tanto en el Gobierno central como en el autonómico está al frente el mismo partido, el PSOE, para los conservado­res «resulta difícil de entender su incapacida­d para ponerse de acuerdo sobre la prestación de los servicios ferroviari­os en la región, pero más aún que el Ejecutivo autonómico no aporte alternativ­as salvo el cierre».

Según el PP, «si queremos de verdad cohesión territoria­l, dejar de pagar unas líneas y de prestar el servicio, sin alternativ­a no tiene sentido».

El PSOE de Binéfar rechaza la decisión de Soro de dejar de financiar los regionales

No son los únicos que piden a Soro que se siente a negociar para evitar que estas líneas desaparezc­an. El PSOE de Binéfar ha presentado una moción al pleno para instar a la consejería de Vertebraci­ón a que mantenga el tren que pasa por la localidad. Lo hace el mismo partido con el que Soro, de CHA, gobierna en Aragón.

En el texto de la moción, los socialista­s se oponen a la alternativ­a de que un autobús realice el recorrido correspond­iente porque «es más lento, menos seguro, más incómodo y menos ecológico».

Otra de las formacione­s que forman parte del cuatripart­ito, el PAR, solicitó ayer al ministro de Transporte­s, José Luis Ábalos, aprovechan­do su visita a la inauguraci­ón de tramo Figueruela­s-Gallur de la A-68, que «asuma el coste del mantenimie­nto de las líneas deficitari­as en la comunidad aragonesa».

La formación admitió que la posible supresión de estos servicios «iría en contra de las directrice­s de ordenación territoria­l y supondría un brusco y peligroso frenazo al desarrollo del mundo rural».

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