La oposición se lanza contra el rescate de la aerolínea Plus Ultra
Vox se querella, el PP pide investigar y Cs pide explicaciones a varios ministros La compañía solo operó 823 vuelos en el 2019, del total de 2,3 millones, según Aena
Oleada de críticas políticas de la oposición al rescate de la aerolínea Plus Ultra ante el cuestionamiento a su consideración como «estratégica» y «viable», así como por una presunta vinculación con Venezuela y un supuesto «entramado societario» que llevaría a ubicar la matriz en Panamá». Vox ha interpuesto una querella por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos contra el Consejo de Ministros y la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). Además, el Partido Popular ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el Congreso «para saber si el dinero puesto por el Estado (...) va a acabar en las cuentas de Podemos». Ciudadanos, por su parte, ha solicitado la comparecencia de los ministros de Economía, Hacienda y Transportes, Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Ábalos.
El Consejo de Ministros aprobó el 9 de marzo un rescate de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI. El motivo que esgrimió fue que el transporte aéreo es un sector estratégico per se y Plus Ultra es, además, una «aerolínea de nicho» con un tipo de cliente «distinto» al del resto. En su mayoría, migrantes que viajan entre España y Latinoamérica (Ecuador, Perú y Venezuela). Además, también argumentó que emplea a 345 trabajadores directos y más de 2.500 indirectos. El debate no tardó en generarse al profundizar en la actividad de la aerolínea. Según las estadísticas de Aena, operó un total de 823 vuelos en el 2019, de los 2,3 millones que hubo en total. Y transportó 156.139 pasajeros de los 275 millones de pasajeros totales. Otra compañía rescatada por la SEPI como Air Europa transportó 19 millones de pasajeros ese año con solo cuatro aviones en su flota. Además, acumula números rojos desde el inicio de sus operaciones, en el 2015, con pérdidas de 2,1 y 2,7 millones de euros en el 2019 y 2020, respectivamente, según las cifras recogidas por Cs.
La formación naranja ha pedido opinión a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero solo tiene funciones meramente consultivas «antes» de que se conceda la ayuda, según aseguró su presidenta, Cani Fernández, ayer. El organismo preceptivo es ahora la Comisión Europea, a quien Cs también ha enviado una carta.