La ayuda «llega tarde» dicen los descendientes

«Es un paso más», señala Miguel Ángel Capapé, de Arico

Los hermanos aragoneses Manuel y Antonio Lapeña Altabás figuran entre las más de 33.000 víctimas de la guerra civil que yacen en el cementerio del Valle de los Caídos. Allí fueron trasladados sus restos y la familia, a raíz de la Ley de Memoria Histórica, inició una lucha para que fueran exhumados, pues consideraba que era indigno que estuvieran en la misma necrópolis que el dictador Francisco Franco, el cual fue extraído de su tumba en la basílica en octubre del 2019, antes que sus víctimas.

Los familiares de los hermanos Lapeña, que viven en Aragón, se enteraron ayer de la noticia y la calificaron de «un paso más» hacia la exhumación de sus seres queridos, si bien subrayaron que la medida «llega muy tarde». «Llevamos ya 12 años con esta lucha y la verdad es que no hemos conseguido nada pese a que una sentencia ya nos dio la razón hace ahora cinco años», manifestó Miguel Ángel Capapé, cuya esposa es nieta de uno de los dos fusilados, mientras que el otro era su tío-abuelo.

«Se han hecho cosas», reconoció Capapé, que es responsable de la Asociación para la Recuperación e Investigación contra el Olvido (Arico). «Pero en nuestro caso llegan tarde, pues mi suegro, que tiene 97 años y es hijo de uno de los fusilados, ya no se va a enterar, dado que tiene problemas debido a su avanzada edad», explicó.

«Lo peor es que ni siquiera hay fechas para la exhumación», continuó Capapé, que se siente desencantado con lo sucedido. «Es lo que pienso ahora, nada más enterarme, por el mucho tiempo perdido», afirmó.

Eduardo Ranz, abogado de la familia Lapeña, recordó ayer asimismo que la sentencia que obliga a desenterrarlos data de hace cinco años y subrayó que la «exhumación» debería empezar por los restos de los hermanos de Villarroya de la Sierra. El letrado denunció que desde el 2016 se han sucedido gobiernos de distinto signo en España y que ninguno de ellos ha dado «ningún paso» para la exhumación pese a ser urgidos por los afectados a cumplir la resolución judicial.