El consistorio resolverá en menos de un año las reclamaciones tributarias
El Ayuntamiento de Zaragoza crea la Junta de Reclamaciones para agilizar los plazos Es el paso previo a la vía judicial que mejora las relaciones con los ciudadanos
El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas (Jreaz) que permitirá a los ciudadanos tramitar de una forma más rápida y ágil y a través de internet los requerimientos en materia tributaria. Este organismo nace, además, con el compromiso de dar respuesta a todos los expedientes en el plazo máximo de un año siempre que la cuantía supere los 6.000 euros y en seis meses si es inferior. Este tipo de impugnaciones serán el paso previo a la vía contencioso-administrativa.
La mayoría de las ciudades ya cuenta con una junta similar dado que se trata de una herramienta que permite al ciudadano reclamar contra cualquier acto de gestión, recaudación o inspección tributaria, es decir, contra aquellos recibos, liquidaciones o actuaciones inspectoras tributarias con las que no se está conforme.
Se podrá presentar en el plazo máximo de un mes desde la notificación en cuestión de forma presencial, en las oficinas del edificio El Cubo, junto al campo de fútbol de Romareda, o a través de la página web que ha habilitado el consistorio. Según explicó la concejala de Hacienda, María Navarro, el principal objetivo es dar respuesta de forma rápida al ciudadano y se hace avanzando en la digitalización de la administración en materia tributaria. Hasta ahora se tenía que presentar el recurso de reposición ante el órgano que había dictado el auto. Y esperar.
El presidente de este oficina, Jesús María Royo, explicó que la junta nace como un órgano independiente y supone un cambio de modelo en las relaciones del consistorio con la ciudadanía en materia jurídico-tributaria, además de «aplicar lo que se denomina justicia administrativa para resolver las discrepancias entre ambas partes». Según indicó, en la Jreaz rigen los principios de legalidad y sometimiento a la ley y el derecho, junto al de igualdad y no confiscatoriedad, entre otros.
La tramitación de la reclamación es el fin principal de este órgano --y serán necesarias antes de recurrir a la vía contencioso-administrativa--, pero también tiene por objeto la emisión de dictámenes respecto de los proyectos de ordenanzas fiscales que el ayuntamiento pueda establecer y de estudios en materia tributaria.
Según explicó Royo, las resoluciones tendrán un carácter vinculante y es lo que dota de valor a esta junta. Antes de acudir a los juzgados, el ciudadano tiene que dirigirse a la JREAZ para descargar el volumen de trabajo de los tribunales. Esto no excluye la actuación de la vía judicial, que está garantizada por ley, sino que complementa la actividad jurisdiccional.
También se podrá acudir a la junta de reclamaciones por impagos de precios públicos y actividades que se desarrollen en dependencias municipales, como las socioculturales o aquellas que se desarrollan en los centros cívicos, de enseñanzas artísticas o en las escuelas infantiles municipales. Serán atendidas igualmente todas aquellas cuestionares relaciones con cobros indebidos, en los casos de que se haya producido una duplicidad o la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar, entre otras. en los que se basa la sentencia para no admitir el recurso presentado por los empleados a la resolución de septiembre del 2019. En esta ya se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el decreto de la concejalía Delegada de Personal de julio del 2019 que rechazó su petición.
En la sentencia se explica que la normativa española no permite adquirir la condición de funcionario de carrera o personal fijo «por el mero hecho de haber prestado, aunque sea de manera abusiva, servicios de manera continuada». Esta condición se adquiere cuando se supera un procedimiento selectivo, especifica la sentencia, para la que cabe recurso de apelación.
Destaca que el consistorio al incluir las plazas en una convocatoria pública ya está tratando de dar respuesta o de «prevenir» el abuso que se estaba produciendo y que denuncian, por otro lado, los tres afectados. También se descarta abonar indemnización alguna ya que, atendiendo a una sentencia del Tribunal Supremo, en los casos de cese como personal interino «no procede».