El callejero franquista de Huesca acaba en juicio
Los demandantes solicitan amparo al secretario de Estado
El Colectivo Ciudadano de Huesca, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (Armha) y la Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), así como personas a título particular, han presentado un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento de Huesca que desestimó el cambio del callejero franquista y la eliminación de los vestigios contrarios a la memoria histórica.
Los demandantes han solicitado amparo al secretario de Estado de Memoria Democrática en la exigencia de acciones memorialistas institucionales.
Los recurrentes denuncian que se mantiene en el callejero oscense el nombre de los ex alcaldes de la dictadura José María Lacasa Coarasa, Mariano Ponz y Mateo Estaún Llanas, así como la resignificación de la plaza Zaragoza, los porches de Galicia, la calle Rioja y Federico Mayo. O también critican la negativa del ayuntamiento a quitar la placa de «exaltación del régimen» ubicada en el patio de la casa consistorial.
Las diferentes asociaciones de memoria democrática y vecinos de (( la ciudad han presentado un recurso de reposición, previo al contencioso, contra otro acuerdo adoptado por el consistorio para mantener en el nomenclátor denominaciones contrarias a la memoria. En este caso, las que hacen referencia a los ex alcaldes Pedro Sopena, Vicente Campo, José Gil Cávez y Emilio Miravé, así como personajes de «honda raíz y arraigo con el franquismo» tales como José Castán
Tobeñas y Ricardo del Arco.
Los acuerdos adoptados por el ayuntamiento obedecen, según la decisión desestimatoria firmada por el alcalde, a los informes elaborados por la archivera municipal, contrarios a las pretensiones de los solicitantes. A este respecto, los recursos señalan que las decisiones de mantener en el repertorio tales formulaciones antidemocráticas tienen carácter político, emanado de la autoridad y jerarquía del alcalde, manifiestamente contrario a la aplicación de la Ley de Memoria.
Por otra parte, consideran que la empleada municipal, especialista en Historia Medieval, carece de autoridad académica y científica para dictaminar acerca de cuestiones que competen a especialistas en Historia Contemporánea, por lo que tales informes han sido recusados. El recurso a los tribunales, según los demandantes, se basa en el incumplimiento flagrante de las leyes de memoria.