Las autonomías temen otro caos legal tras la alarma
Andalucía y Euskadi afean a Sánchez que no haya pactado el fin de las restricciones Casado insiste en aprobar «un plan b» jurídico para dar amparo a las medidas
Tras escuchar a Pedro Sánchez el martes que no tiene intención de prorrogar el estado de alarma después del 9 de mayo, algunos presidentes autonómicos han empezado a temerse que se repita el caos legal que se vivió en otoño, cuando los tribunales tumbaron restricciones aprobadas por los gobiernos de las comunidades. Y el reparo no se le escuchó ayer solo a dirigentes del PP; también ejecutivos liderados por el PSOE, como el de Castilla-La Mancha y el de la Comunidad Valenciana, expresaron su preocupación.
El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, admitió que existen «ciertas dudas desde el punto de vista jurídico» sobre cómo actuar cuando la alarma acabe. Y Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, avisó de que algunas restricciones no se podrán llevar a cabo. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón desautorizó el confinamiento perimetral en la localidad de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) y el del País Vasco levantó el cierre de los bares decretado por el Gobierno de Íñigo Urkullu.
Tanto el dirigente del PNV como el popular Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, criticaron a Sánchez por haber decidido levantar el estado de alarma de manera unilateral y sin comunicárselo previamente a las autonomías. Moreno considera que Sánchez no ha «madurado» lo suficiente ese paso y no lo ha negociado con las comunidades. «Pido al Gobierno cogobernanza, que practiquen lo que predican», se quejó. «Una llamadita al menos», dijo Miguel Ángel Revilla (Partido Regionalista de Cantabria).
Para el líder del PP, Pablo Casado, lo que debe hacer Sánchez es aceptar su ofrecimiento para reformar las leyes necesarias, antes del 9 de mayo, para que las autonomías no queden al albur de los tribunales. Esos cambios darían «seguridad y estabilidad» a las comunidades, según el PP, que lleva ((
«Pido al Gobierno cogobernanza», dice
casi un año pidiéndolos.
No lo ve así el Ejecutivo central, que, pese a defender durante meses que el estado de alarma es el único instrumento que permite mantener ciertas restricciones, asegura ahora que las autonomías tienen competencias para frenar los contagios. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, recordó ayer que la justicia ha avalado, además, que las decisiones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (que reúne a los consejeros autonómicos y al Ejecutivo central) son de «obligado cumplimiento», lo que dota de marco jurídico a las restricciones, informa Miguel Ángel Rodríguez.
«No hay que modificar ninguna legislación, no hay que añadir nada para afrontar el 10 de mayo. Tenemos instrumentos ordinarios para que a cada paso que vayamos dando se puedan resolver [las dudas] con el acuerdo continuo de coordinación de las comunidades y el Gobierno, sabiendo que las acciones coordinadas las tenemos que cumplir», sentenció, rechazando la invitación del PP. Así las cosas, todo apunta a que los tribunales seguirán siendo los árbitros de la pandemia.