Medio año para papeleo y cumplir los criterios

España apura el plazo de Bruselas para mandar el proyecto

Aunque España arrancó el proceso de evaluación como uno de los alumnos «más avanzados» del club, todo parece indicar que apurará el plazo de entrega del plan nacional de inversión y reformas que le debe abrir la puerta a los 140.000 millones de euros (casi por mitades subvenciones a fondo perdido y créditos) del plan de recuperación de la UE con el que reflotar la economía y transformar su modelo productivo.

Una vez cumplido este trámite –el plazo expira el 30 de abril– se abrirá otra etapa que podría prolongarse tres meses: dos para que el Ejecutivo comunitario evalúe el documento definitivo que remita el Gobierno de Pedro Sánchez y uno adicional para que el Consejo –los estados miembros– revise y valide la recomendación.

En este examen los técnicos comunitarios evaluarán no solo las reformas e inversiones propuestas para cumplir con las seis prioridades fijadas por la UE sino también el cumplimiento de las recomendaciones económicas por país que elabora la Comisión Europea cada año en el proceso del semestre europeo. Este es un ámbito de particular importancia dado que es donde Bruselas ha urgido por activa y pasiva a España a reformar el sistema de pensiones, para garantizar la sostenibilidad y que la revalorización de las mismas siga vinculada a la inflación. Y otro es el mercado laboral, con los cambios para modernizar las políticas activas de empleo y hacer frente a la alta temporalidad y al elevado paro juvenil.

Esto significa que para obtener luz verde por parte de Bruselas no solo será «condición indispensable» lograr un sobresaliente en la transición verde y digital, para lo que es obligatorio destinar un 37% y 20% respectivamente de los fondos. España también deberá obtener «la máxima puntuación en la evaluación» en los criterios relacionados con las recomendaciones específicas por país, el fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica, social e institucional así como la contribución a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales.