Díaz Ayuso rectifica su declaración de bienes
La presidenta madrileña ocultó el nombre de una empresa
La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no había declarado a la Asamblea madrileña en qué sociedad tiene participaciones, y había despachado la obligación de informar a la Cámara con el apunte inconcreto «una sociedad limitada». Ahora se verá obligada a subsanar esa y otra deficiencia en su declaración de bienes según publica el diario digital Infolibre. Durante la legislatura madrileña recién acabada, la presidenta y candidata del Partido Popular ha estado ocultando en su declaración de bienes el nombre de Sismédica SL, firma con sede en Móstoles en la que participa junto a un hermano Tomás. La empresa se dedica a la tenencia, gestión y puesta en venta o alquiler de bienes inmuebles, y es propiedad al 50% de Isabel Díaz
Ayuso desde que, en el 2012, su padre se la dejara a ella y a su hermano. La firma no tiene actividad aparente desde el 2014, año en que dejó de presentar cuentas.
La normativa del Parlamento obliga a los diputados a especificar «el nombre de la sociedad o la entidad» en la que participan. Díaz Ayuso había obviado ese nombre también en su declaración de bienes como presidenta autonómica, pero en ese caso la normativa no obliga expresamente. Los asesores de la presidenta habían entendido que tampoco estaba obligada a dar el nombre en su declaración como parlamentaria y han enviado una nota de subsanación a la Asamblea de Madrid. En el mismo envío tendrá que subsanar también que es propietaria de una sola vivienda —también donada por su padre— y no de dos, como, según su entorno por error, figura en sus declaraciones. Tras esto, la coportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, presentó una denuncia en el Parlamento.
Cuando se somete a investigación a quien fue el jefe del Estado el celo se extrema al máximo. Nadie quiere cometer un error ni dejar un fleco suelto antes de decidir cuál será el siguiente paso. Por eso la fiscalía ha asumido que la que tiene entre manos relativa al rey emérito será larga hasta poder estar en condiciones de determinar cómo deben concluir las tres diligencias abiertas en torno a su figura, a ser posible de una forma conjunta.
Las opciones siguen siendo dos: archivar las pesquisas, al entender que las regularizaciones fiscales presentadas por Juan Carlos I por más de cinco millones de euros son suficientes para reparar el daño, o hacer justo lo contrario y presentar una querella en su contra ante la Sala Segunda del Supremo.
Las diligencias
A pesar de que el año pasado se daba por hecho que la primera de las tres diligencias de investigación abiertas al rey emérito, la relativa a las presuntas comisiones por la construcción del AVE a La Meca, concluiría antes de que concluyera 2020, con el archivo de las actuaciones referidas a él y la vuelta a Anticorrupción de las relativas a los empresarios implicados, el tiempo ha demostrado que no ha sido así. Las fuentes fiscales consultadas por este diario explican que esa opción se barajó, pero se descartó como consecuencia de que fueran apareciendo nuevas líneas de investigación que se solapaban y obligaban a ampliar las averiguaciones.
Las diligencias abiertas por el pago desde cuentas irlandesas con tarjetas opacas a nombre del exayuda de campo del rey, Nicolás Murga, y nutridas con fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause llevaban un año en Anticorrupción cuando pasaron al Supremo tras su prórroga.
Con esas tarjetas black, familiares del rey emérito, como sus nietos Victoria Federica y Froilán, pagaron gastos varios. Esteo coincidió con las terceras de las diligencias en marcha: las relativas a un fondo en la isla de Jersey de la que alertó el Servicio Ejecutivo
Desfile
El exjefe del