Estado solo declarará ante la Sala Segunda del Supremo si se presenta una querella

de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) ante sospechas de delito fiscal o blanqueo.

Suiza, México y Hacienda

Solo con ver los lugares que jalonan las diligencias seguidas contra el exmonarca se sabe que se trata de una investigación internacional, en la que hay que instar la colaboración judicial de otros países. Eso se hace con comisiones rogatorias, con las que se solicitan a otros países desde documentos – como ocurre con Suiza, donde había cuentas de la fundación panameña Lucum y Zagatka (Liechtenstein), de las que el exmonarca era beneficiario–, o sirven para interrogar a testigos o imputados, como se hizo con Mónaco para tomar declaración a su primo Álvaro de Orleans. También se ha pedido ayuda, entre otros, a México, Jersey y Londres.

La prolongación de las pesquisas ha permitido al emérito, a través de su abogado, Javier Sánchez-Junco, presentar dos regularizaciones para ponerse al día con Hacienda. La primera, por 678.393 euros, por los pagos con las tarjetas, mientras que la segunda, por valor de 4.395.901 euros, se relacionaba con «las rentas derivadas de la asunción, por la fundación Zagatka», de gastos por viajes y servicios realizados por el rey emérito.

Desde la fiscalía no dudan en destacar que el hecho de que haya aflorado este dinero responde a la eficaz investigación que realizan. Pero para determinar si debe interponer o no querella necesita el informe de la Agencia Tributaria. Para entregar el de la primera a la fiscalía tardó tres meses, lo que apunta a que tardará sobre la segunda.

La Sala Segunda

Lo que la fiscalía tiene claro es que, llegado el punto en el que entendiera necesario presentar querella, solo interrogará al emérito la Sala Segunda del Supremo, que es el órgano ante el que está aforado una vez que perdió la inviolabilidad al abdicar, en junio de 2014.